Como sindicalista que fui, he tenido siempre un gran respeto al vocablo y su significado. Era la última acción posible en un conflicto laboral en el que se agudizaban las diferencias de posiciones entre los trabajadores y la dirección de la empresa. Y era la última acción porque ello suponía la pérdida de salario y la baja en la Seguridad Social durante el tiempo que durase la huelga. Como consecuencia de esto, en algunos países y algunos sindicatos constituían la "caja de resistencia", que era la que venía a paliar, de alguna forma, la merma de ingresos por aquel hecho.
La huelga de taxistas que venimos conociendo en Madrid y Barcelona no la entiendo como un conflicto laboral entre trabajadores y empresario porque los taxistas son autónomos y en bastantes casos con algún trabajador que cubre un turno para obtener más rentabilidad del vehículo. O sea, más propiamente podríamos decir que se trata de un "cierre patronal" que sí afecta a los trabajadores.
En algunos reportajes televisivos respecto a la llamada "huelga del taxi" hemos podido ver pegatinas en el parabrisas que informaban: "Este taxi está en huelga". Otra aberración en el uso del lenguaje. El taxi no puede estar en huelga porque es un vehículo que, de momento, no tiene capacidad de discernimiento. No puede declararse en huelga. El taxi puede quedarse parado por fallos mecánicos y/o electromecánicos, o simplemente por falta de combustible.
Creo que los taxistas de las comunidades madrileña y catalana están efectuando una "interrupción colectiva del trabajo con el fin de imponer ciertas condiciones o manifestar una protesta". Ocurre que las manifestaciones de protesta las están llevando demasiado lejos. Colapsar las ciudades de Madrid y Barcelona es algo más que una protesta. Tanto más si se ejerce con violencia, como también hemos tenido ocasión de ver, por más que los violentos sean una minoría y por lo que la mayoría de taxistas debieran impedírselo. Esos pocos hacen mucho daño al colectivo en cuanto a imagen ante la ciudadanía.
Algunas quejas son los miles de euros que les ha costado la licencia. Nunca lo he entendido. Las licencias las concedían los ayuntamientos al solicitante a coste cero. Ocurría luego que cuando quería cesar en la actividad se la vendía a otro a esos tantos miles de euros. Aquí también podría hablarse de pelotazo. Y luego, por rentabilidad del colectivo, el ayuntamiento ha tenido que "rescatar licencias", siendo los ciudadanos del municipio quienes han corrido con el gasto. No me parece justo. Creo que ha habido una perversión del sistema.