El Gobierno de Canarias ha llevado al Parlamento la propuesta de modificación del IGIC de cara a aplicar a los vehículos eléctricos e híbridos de emisiones inferiores a 110 gramos de CO2 el tipo cero del IGIC. Esta medida me parece muy positiva, pues se trata de incentivar la compra de vehículos limpios, si bien desde mi punto de vista, dado el mix energético actual, no deberían centrarse estos incentivos en determinada tecnología, sino en el nivel de emisiones que emite cada vehículo.

En cualquier caso, considero que la medida es bien intencionada y que realmente pretende ser un incentivo para que la ciudadanía vaya animando el cambio hacia vehículos que permitan reducir la contaminación como incidiendo en otros factores tales como la dependencia energética y la futura escasez de determinados productos energéticos como el petróleo.

Sin embargo, para que estos postulados sean creíbles la administración tiene que desarrollar toda su política en un mismo sentido. Viene esto a cuento de la reciente modificación de la Ley del Transporte Terrestre aprobada por el Parlamento de Canarias, a propuesta del Ejecutivo, por el que se eliminó el límite de antigüedad de los vehículos afectados a la actividad del taxi en las Islas. Hasta el pasado año, los vehículos afectados a la actividad del taxi tenían un límite de edad, de tal forma que no podía destinarse al taxi los vehículos de más de 12 años de antigüedad. Con la modificación legal operada desaparece esta limitación, con lo que los operadores del taxi pueden afectar a la actividad cualquier vehículo con independencia de su edad. Podríamos ver así circulando taxis por Canarias con 25 o 30 años de antigüedad.

Esta medida, justificada por el Ejecutivo al objeto de permitir un mayor plazo de amortización del vehículo por parte de los taxistas, no la considero razonable. Por una parte, el propio Gobierno canario cae en una notable contradicción no predicando con el ejemplo, legislando medidas tal vez más de carácter corporativista, y por tanto de claro olor político, que mirando el interés general. Por otro lado, por el tipo de vehículos de que se trata, con un uso práctico mucho mayor que cualquier vehículo de uso particular, que generarán un impacto medioambiental mucho mayor, por no hablar de problemas de seguridad derivado de la fatiga de materiales y otras circunstancias, como igualmente de los consumos y de imagen. Esta medida, por último, no garantizará que los vehículos que se afecten a la actividad del taxi sean de mayor nivel o calidad en beneficio de los usuarios.

Hierra el Gobierno canario, pues siendo comprensible la postura de los taxistas, desde mi punto de vista pasar de una limitación como la existente a una "barra libre total" supone un salto, tal vez demasiado grande, que genera un mal ejemplo y que será a medio plazo perjudicial para todos, incluyendo el propio sector del taxi.

*Presidente de Fredica