Me he pasado dos días digiriendo las declaraciones de Santiago Pérez sobre que Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), debía haber dimitido al no inhibirse en el cansino caso Grúas. Vaya por delante que a Santiago siempre le he tenido un cariño especial, pero amor no quita conocimiento. Pérez se ha pasado los últimos veinte años intentando que la Justicia, y no los votos o los acuerdos, fueran los que desalojaran del Ayuntamiento de Las Laguna a los primeros mandatarios. Desde Elfidio Alonso, Ana Oramas, Fernando Clavijo y hoy José Alberto Díaz. Y aparte de no haber conseguido nada por estos recovecos, la ciudad de Aguere se ha visto envuelta en una serie de parálisis que no ha sido buena para nadie. No se debe estar haciendo creer a los vecinos que cada alcalde que pasa por el consistorio, por ser nacionalista, a los que detesta, es un golfo. Y tampoco se puede pasar judicializando la política toda la vida. Pero, además, si esta no te da la razón, pedir la dimisión de los miembros de la judicatura ¿En qué quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Hay separación de poderes? ¿Estamos en Sicilia?
¿Es la Justicia la que debía juzgar al hoy presidente de todos los canarios y al alcalde de La Laguna? Lo que sí es una incongruencia es llevar ante la Justicia a quien uno desea, pero si esta no te da la razón ya la Justicia no vale, y hasta el presidente del TSJC debiera dimitir. Y es que esto tiene un punto esquizofrénico. Yo, quizás ingenuo, no quiero creer que detrás de cada alcalde haya una "mamadera". Pero ni en La Laguna ni en ningún otro sitio. Si bien la política está ligada a la corrupción, como le decía en 1976 el director del Daily Planet a Clark Kent y a Lois Lane, no es toda la política, afortunadamente. Y es malo dar la impresión de que La Laguna es un antro de corrupción; sencillamente, porque seguro no es así.
@JC_Alberto