Si usted es una de esas personas que ha mantenido algún encuentro fortuito (o forzado por una imprudencia) con efectivos de la Guardia Civil de Tráfico sabrá que durante ese cara a cara le van a solicitar el carnet de conducir, el permiso de circulación, el último recibo abonado del seguro y para completar la inspección un chequeo a la pegatina de la ITV que lleva el vehículo inmovilizado en el ángulo superior derecho del cristal delantero. Algunos agentes incluso se atreven a pedir el rodaje. El debate de esta semana tiene algo de eso, aunque aplicado a la industria del ocio. Los planes de seguridad en grandes espectáculos fue el punto de partida de una conversación en la que participaron Julio Javier Calzadilla Rodríguez, jefe de la sección de ingeniería y coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento Arona, Miguel Ángel Bermudo, ingeniero jefe del Auditorio de Tenerife, Juan Pedro "Peyi" Hernández, portavoz de la orquesta La Deliciosa, Jairo Núñez, gerente de ArteValle Producciones y Martín Rivero, director de Rider Producciones y promotor del Festival Son Atlántico. La Fiesta de los Océanos.
Las claves de lo que algunos llaman de manera equivocada la letra pequeña de un espectáculo, pero que en realidad es lo más importante para que este se desarrolle de manera eficaz y segura. Eso es lo que se debatió esta semana en EL DÍA. Más allá de los tecnicismos que se reflejan en la Ley 7/2011 y las especificidades que apunta el Decreto 86/2013, la primera idea la expuso sobre la mesa Martín Rivero. "Es falso argumentar que ahora se está actuando con más rigor por el suceso acaecido en el Madrid Arena (5 fallecidos). Aquí siempre se ha trabajado en casi todos los municipios con rigor y especialmente en Arona... Allí hay un equipo modélico y pionero en España. Eso lo digo sin ánimo de empacho porque Julio, Gerardo y Jesús Nieto han creado un triunvirato muy efectivo que ya estaba haciendo las cosas bien antes de que en el resto de España se pusieran nerviosos por los excesos de aforo y otras problemáticas que en el caso de Arona se eliminan de raíz gracias a la efectividad de estas tres personas y de sus colaboradores", agradeció el impulsor de Son Atlántico.
El perfil del público que acude a un concierto, sin duda, condiciona la elaboración de un plan de seguridad. "No es lo mismo diseñar un dispositivo para el concierto de Malú que marcar las pautas a seguir en el Arona Summer Festival. Y no lo digo porque las personas que vayan a uno u otro concierto sean mejor o peor, sino porque son diferentes", destacó Julio Javier Calzadilla sobre las particularidades de cada evento. En ese sentido, precisó que la contratación de una empresa de seguridad y el tipo de vigilantes (más jóvenes y preparados para actuar en situaciones especiales) lo marcan los espectadores que acuden a un espectáculo. Jairo Núñez, promotor entre otras citas musicales de las recientes actuaciones en Tenerife de Oscar D''León y Malú, cree que al margen de lo que se refleja en la ley, luego "hay instituciones que quieren ir un poco más allá reclamando cosas que no son necesarias. Si a mí, por ejemplo, hay un reglamento que me pide cinco vigilantes de seguridad, ¿por qué un ayuntamiento, que no es el caso de Arona porque allí todo funciona realmente bien, me exige que ponga diez? Ahí es donde se empieza a romper el entendimiento entre el promotor y la administración y los costes se disparan", criticó antes de denuncia que "también está el otro extremo, es decir, el de esos ayuntamientos en los que hagas lo que hagas nunca existe un plan de seguridad... No quiero citar a ninguno, pero lógicamente no me refiero a Arona, ya que creo que es el único de Canarias que ejecuta la ley con un rigor absoluto", exaltó Núñez. Ahí fue cuando Martín Rivero deslizó que "en Santa Cruz se hicieron muchos conciertos que no tenían ni plan de seguridad, ni el permiso para que se celebraran".
Miguel Ángel Bermudo fue uno de los ingenieros que participó en el desarrollo técnico de la actuación que ofreció Malú hace siete días en Playa de las Américas. "La actual ley es bastante genérica y pasa casi de puntillas por todo lo que conlleva la celebración de un espectáculo público", dijo justo antes de precisar que "un promotor se juega mucho organizando un concierto en comparación con los riesgos que puede asumir la persona que intenta sacar adelante un negocio durante cinco años. Lo que trato de decir es que hay unas exigencias mayores por los tiempos que se manejan para montar un concierto. Los trámites iniciales son los mismos para un empresario del sector musical que para uno que decide montar una fábrica de yogures, con la única diferencia de que al primero le reclaman un plan de seguridad para cada concierto y el segundo solo tiene que acreditar que tiene la documentación en el momento de la apertura", añadiendo que "hay aspectos de la ley que están en el aire, pero tenemos que dejarla crecer y corregir sus fallos. Ese chequeo es fundamental para unificar los criterios a seguir porque cada ayuntamiento la interpreta como quiere o como puede. Falta ese rodaje".
"Peyi" Hernández, que admitió que había apartados del Decreto 86/2013 que no conocía y que la celebración del debate le habían aclarado, ofreció una visión distinta a la de los promotores y los técnicos invitados a esta mesa de discusión. "Nosotros no estamos en el mismo plano que los grandes conciertos, pero desde hace un par de semanas ya se vienen escuchando rumores respecto a la presencia de menores en las verbenas, el consumo de alcohol por parte de estos o incluso sobre la regulación de este tipo de eventos. Para una orquesta todo esto suena a chino, pero habrá que ver qué pasa en el futuro", puntualizó en su primera intervención. "Es muy probable que al final también se quiera actuar en este campo", replicó Jairo Núñez porque "esa es una de las lagunas que evidencia la normativa que afecta a los promotores de grandes conciertos".
En medio de un entramado laberíntico en el que todo está argumentado en un documento y no todos deciden cumplir con sus obligaciones Martín Rivero decidió servir otra ración de trato desigual. "Esta es una ley beata que aprieta a los promotores y permite todo en carnavales. Los menores, por citar un ejemplo, no pueden estar en un espectáculo público que se alargue más allá de las once de la noche. Eso es algo que no ocurre en Santa Cruz durante esas fiestas, pero que algunos justifican con el hecho de que van disfrazados y no pueden ser identificados".
Esa misma reflexión la compartió Núñez cuando dijo que "en los bailes hay menores, ¿no? Y aquí no se celebra una verbena que no se inicie a las diez u once de la noche sin que se sepa con exactitud a qué hora va a terminar", se cuestionó sin querer generar una situación de tensión con la larga tradición que hay en Canarias en el mundo de las orquestas. "Lo que hay que procurar es que la ley establezca unas particularidades que tengan en cuenta la idiosincracia de un municipio, porque no es lo mismo un baile en La Matanza que un concierto en el centro de Santa Cruz o un festival en Arona que se celebra en junio o un concierto que tiene en Arona en febrero. ¿Se le puede decir a un turista que no puede pasear con su hija después de las once la noche por un lugar en el que se está organizando un acto público?", expuso.
El portavoz de La Deliciosa se refirió al asunto anterior diciendo que "un baile se desarrolla en un espacio abierto en el que muchas veces no hay componentes de Protección Civil y en el que la Policía se pasa de vez en cuando para ver si todo va bien. En ese sentido, es imposible controlar los movimientos de una persona que pasa por delante de la plaza camino de su casa. Nosotros dependemos más de las asociaciones de vecinos y de las comisiones de fiestas que nos contratan y, por lo tanto, los problemas que puedan darse son diferentes", matizó "Peyi" Hernández.
Calzadilla Rodríguez, no obstante, no dejó pasar esta oportunidad para defender los cambios introducidos en relación a la normativa anterior. "Los avances con respecto a la Ley 1/98 son grandes, pero quedan por definir apartados. Cuando comenzamos a utilizar la ley nos dimos cuenta de que había conceptos que no estaban atados -no existía una valoración sobre la contratación de un seguro de responsabilidad civil, ni controles de acceso a los recintos, ni otras medidas de seguridad que hoy sí que se reflejan en el Decreto 86/2013- y empezamos a trabajar por nuestra cuenta y riesgo para mejorar ese documento", aclaró el ingeniero antes de que Núñez dejara abierta otra interrogante. "Algunos decidieron irse de este negocio porque su voluntad nunca fue cumplir la ley", concluyó.
personas. Ese es el punto de inicio que fija la normativa en vigor para tener que desarrollar un plan de seguridad, aunque en las citas abiertas al público (gratis) no siempre se elabora.
Ese es el porcentaje, o incluso una cifra menor, de la totalidad del presupuesto de un festival o un concierto que se destina a los trámites burocráticos encaminados a la obtención de un plan de seguridad.
Jairo
Núñez
Gerente de Artevalle Producciones