Tanto Jairo Núñez como Martín Rivero coincidieron en señalar que no es "comprensible" que una ley sea tan restrictiva en el recinto en el que se celebra un concierto y, en cambio, no establezca ninguna medida en contra del consumo de alcohol en los accesos al recinto por parte de menores. "Nadie le quiere meter mano al problema del botellón. Ni los que tienen que impedir que se consuma alcohol en la vía pública, ni los que ven a menores bebiendo y miran hacia otro lado", censuró Martín Rivero sobre una situación que considera una competencia desleal. "Escuchan el espectáculo gratis, son menores (lo acentúa por el hecho de que no pueden estar en un espectáculo que se prolongue más allá de las 23:00 horas) y provocan follones".

Miguel Ángel Bermudo, ingeniero del Auditorio de Tenerife, aprovecha esta incursión para decir que "la ley no dice que no se pueda vender alcohol en un espectáculo público, sino que no se puede despachar a menores", dijo en un tramo del debate en el que Julio Calzadilla saca a la luz otro dato interesante. "Una persona que está trabajando en una barra no tiene potestad para solicitar la identificación a un menor; lo que sí puede hacer es que un vigilante o un miembro del dispositivo policial requiera su documentación si existe la sospecha de que no tiene la edad mínima para beber alcohol".

"Peyi" Hernández aportó que "en los bailes es normal que los asistentes acudan con la nevera y las bebidas que van a consumir". Para Bermudo todo lo que rodea la redacción de un plan de seguridad es mucho más que esa idea generalizada de que "eso solo son unos papeles para que se pueda celebrar una actuación musical", afirmó en relación a un proceso que se puede alargar de uno a tres meses en función de las dificultades y las correcciones que haya que establecer a petición de los técnicos.

Acerca de los costes económicos que implica la tramitación de uno de estos proyectos, Núñez y Rivero coincidieron en que "nuestra misión es abaratar no solo el caché del artista, el precio de los billetes o el alquiler del equipamiento técnico, pero hay aspectos que no inciden en la celebración o no de un concierto". Eso sí, el gerente de la empresa ArteValle Producciones no dudó a la hora de exponer que "los que no están acostumbrado a pagar por estos trámites no lo van a hacer ahora que el panorama económico está tan complicado. Yo tengo el ejemplo de un ayuntamiento del norte de Tenerife que prefirió no hacer un concierto de la banda de música en la plaza del pueblo porque era más caro afrontar los gastos de este dispositivo de seguridad que montar un acto al que no iban a acudir más de 500 personas".

Otro de esos "puntos negros" que hay que aclarar tiene que ver con la interpretación de los distintos apartados del Decreto 86/2013. "Se puede dar el caso de que un baile que se está celebrando un punto de un municipio que linda con un barranco esté molestando, entre comillas, a un núcleo vecinal que está en el extremo opuesto y que forma parte de otro ayuntamiento. Si no se tiene un estudio medioambiental de ruido y el sonido supera los 100 decibelios la música se oirá a una distancia de 200 metros. Esto es como lo de Villa Arriba y lo de Villa Abajo, es decir, en un sitio si hay un plan y en el otro no", puso como ejemplo Miguel Ángel Bermudo.

Martín Rivero, por último, sacó a debate que muchas veces "las personas que trabajan en un evento desconocen las medidas a seguir en caso de una emergencia porque nadie se las ha explicado".

La asistencia de menores a un concierto tiene que justificarse con la presencia del padre o un tutor, además de cumplimentar un formulario que se entrega al servicio de vigilancia.