Partidos y autores han apostado hoy por una solución de entendimiento y diálogo con todos los afectados tras la anulación por parte del Supremo del canon digital aprobado en 2012 y que, según las entidades gestoras de derechos de autor en España, ha hecho perder 500 millones de euros al sector.
Así lo ha indicado la presidenta de Adepi, la asociación que integra a las ocho entidades de gestión de derechos de autor en España, Magdalena Vinent, quien ha considerado que la sentencia "hace justicia" y supondrá el "desmantelamiento" de un sistema construido de forma "arbitraria y absurda" hace cinco años y que "tanto perjuicio ha causado".
Vinent, también secretaria general del Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), ha cifrado en 100 millones de euros anuales las pérdidas causadas a los creadores por el cambio de sistema aprobado por el Gobierno del PP en 2012 y que sustituyó al canon anterior que había fijado el PSOE y estipuló que la compensación por copia privada se sufragase con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
"La lucha permanente y unida de las entidades de gestión de derechos de autor ha dado resultados", ha indicado Vinent, que ha recalcado que España no puede dejar de retribuir a sus autores y se ha mostrado dispuesta a negociar para encontrar una solución.
Vinent asiste hoy a una jornada en la SGAE sobre la reforma del derecho de autor en la UE en la que participan también los eurodiputados José Blanco y Rosa Estarás, de los grupos socialista y popular, respectivamente.
José Blanco ha indicado a los periodistas que la sentencia del Supremo repone una situación que había sido muy controvertida y polémica y supondrá que, a partir de ahora, se hagan "las cosas bien, con respeto y en línea con lo que propone la Unión Europea".
Para Blanco, la sentencia conocida hoy "abre una oportunidad para buscar una solución desde el entendimiento y desde el respeto, que es precisamente lo que faltó" cuando se aprobó ese sistema.
Según la sentencia conocida hoy, el Tribunal Supremo ha anula el canon digital aprobado por el gobierno del PP en 2012 que preveía el pago, con cargo a los Presupuestos del Estado, de una compensación a los autores por las copias de sus obras por los particulares.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya consideró inválido este sistema el pasado mes de junio y el Supremo estima ahora parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por entidades de derechos de autor y anula el Real Decreto 1657/2012.
La eurodiputada del grupo popular Rosa Estarás ha opinado que esta decisión del alto tribunal no supone "para nada" un varapalo al Gobierno de Mariano Rajoy y ha considerado que ahora se abre una etapa de diálogo para ver "cómo se pueden dar salida a todas las inquietudes" de los diferentes sectores implicados.
Estarás ha señalado que la regulación del canon digital debe adaptarse a la sentencia y que es la intención del grupo popular en el Parlamento Europeo buscar un equilibrio en la normativa sobre los derechos de autor.
Por su parte, el profesor de Derecho Mercantil y experto en propiedad intelectual Fernando Carbajo, que también asiste a la jornada de la SGAE, ha señalado que la sentencia del Supremo era "previsible" y no tenía "otra salida" tras el pronunciamiento del tribunal europeo.
Carbajo ha calificado de "subterfugio para huir de lo más razonable" el sistema aprobado por el gobierno en 2012 y ha indicado que España "no puede estar de espaldas a la Unión Europea" en este ámbito.
Según Carbajo, la anulación del real decreto implica también la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que "ahondó" en el sistema del canon con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.