El Parlamento de Canarias aprobará el próximo miércoles, en principio por unanimidad, un texto no muy extenso ni complejo, pero que puede marcar un antes y un después en la historia de las bibliotecas públicas de las Islas: en su uso, aprovechamiento, profesionalización y difusión de sus fondos. La primera ley que regulará estos centros en la Comunidad no solo permitirá que el Archipiélago abandone su ostracismo normativo en este ámbito, toda vez que se trata de la única región sin ley en España, sino que tratará también de afrontar y paliar en lo posible una de las mayores carencias educativas de los isleños, reflejadas en informes como el Pisa: el insuficiente hábito de lectura de los canarios en los distintos núcleos poblacionales y de edades, por debajo de la media nacional y, aún más, de la europea.
Así lo subraya uno de los diputados claves en el impulso, redacción y aprobación de esta nueva ley, el nacionalista y profesor de Filología en la Universidad de La Laguna Juan Manuel García Ramos. El político, docente y escritor considera que ya era hora de que las Islas abordaran este vacío normativo y trataran de profesionalizar un ámbito, el de las bibliotecas públicas, en el que, según subraya, ha habido "demasiado advenedizo" durante mucho tiempo entre parte del personal que las ha atendido.
Aparte de situar a las Islas a la altura de otras regiones similares en lo que toca a las bibliotecas, García Ramos cree también fundamental que se aproveche el contenido específico del texto sobre el fomento de la lectura para desarrollar campañas y promociones potentes y efectivas, especialmente entre los jóvenes para, con los años, tratar de revertir los datos de Pisa de los últimos ejercicios.
Asimismo, resalta que, si bien hasta ahora ha habido facilidades para el acceso a los fondos bibliográficos en las distintas bibliotecas públicas, tanto la de instituciones educativas, como la de ayuntamientos, asociaciones vecinales y otras administraciones, la nueva ley intenta potenciar, difundir y hacer totalmente accesible no solo esos fondos, sino los discográficos, cinematográficos y audiovisuales existentes.
Asimismo, el texto pone énfasis en la necesidad de fomentar mucho más los intercambios entre estos centros, en facilitar la labor investigadora, el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, así como la unificación de criterios en cuanto a la clasificación, distribución y utilización de los distintos fondos (creándose uno básico), así como en la selección de personal y sus distintas tareas.
La ley también apoya la creación de un consejo canario de bibliotecas y una red regional de centros y de bibliografía. García Ramos subraya la sencillez del texto, pero la relevancia del salto que supondrá, por lo que confía en que el respaldo de todos los grupos sea unánime el miércoles.