El juzgado de primera instancia número 39 de la capital catalana ha desestimado la demanda por la acción de responsabilidad social contra el expresidente del FC Barcelona Joan Laporta y otros dieciséis directivos más, a quienes la entidad azulgrana les reclamaba 47,6 millones de euros.
La actual junta directiva del club calculó en dicha cantidad la deuda acumulada por Laporta y su equipo durante sus siete años de mandato (2003-2010). La disonancia viene de la auditoría que Sandro Rosell encargó a Deloitte tras ganar las elecciones en junio de 2010. La cuentas presentadas por la junta directiva de Laporta en la temporada 2009-10 arrojaban 11,1 millones de beneficios. Su reformulación por la junta entrante, en cambio, arrojaba un déficit de 79,6 millones en ese ejercicio.
A finales de julio de 2011, el FC Barcelona, después de que así lo aprobara la Asamblea General de Compromisarios, presentó una demanda por la que se ejercitó la citada acción de responsabilidad social contra la directiva saliente y en la que se reclamaba esos 47,6 millones de pérdidas acumulados de 2003 a 2009.
Sin embargo, el juez José Manuel Martínez Borrego ha desestimado la demanda al entender que "no existen resultados económicos negativos de los que responder", pues el mandato de Joan Laporta no generó ningún déficit al club, sino arrojó un beneficio acumulado de 4,1 euros.
El magistrado llega a esta conclusión después de rechazar los criterios contables empleados por la junta directiva entrante básicamente en tres de las seis salvedades en la que basó la reformulación las cuentas del último ejercicio que estuvo al frente del club azulgrana Laporta.