Ocho exempleados del Club Voleibol Aguere reclaman una cantidad superior a los 57.000 euros, en concepto de impagos salariales por parte de la entidad. Radio El Día desveló ayer el contenido de una misiva enviada, la semana pasada, por la abogada del colectivo, María José López, al representativo en la Liga Iberdrola, en la que se le requiere el abono de las deudas. En caso contrario, se "llevará a cabo las actuaciones que en derecho nos corresponde", explica la comunicación.
El documento especifica las cantidades adeudadas a seis jugadoras y a otro empleado. A saber, 3.272,5 euros tanto a Tatiana Bécares como a Bely Bella Nsunguimina; 5.390, a Diana Sánchez; 11.200, a Bianca Moreira; 14.735, a Renata Cristina de Jesús; 3.950, a Marina Scherer; y 2.690, a Jonay de Armas, exresponsable de prensa. En total, 44.510,5 euros, a los que hay que sumar las cantidades pendientes con Roberta Rinaldi, última en adherirse a la causa común. Según apuntan fuentes a EL DÍA, esta está en torno a los 13.000 euros.
La cifra apuntada -más de 57.000 euros- no se quedaría ahí puesto que, según se puede leer en el documento enviado al Aguere, "habría que aplicar los intereses de demora. Una reciente sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de fecha 17 de junio de 2014 (recurso número 1315/2013), ha aclarado el criterio de la Sala respecto del interés por mora aplicable a las deudas laborales. Esta sentencia establece como regla general para las deudas laborales una aplicación flexible del interés indemnizatorio del Código Civil y reserva la aplicación del tipo del 10 por ciento exclusivamente para las deudas salariales".
En el caso de que la entidad lagunera persista "en mantener las deudas salariales, que van en contra de la legalidad vigente y estatutaria", se tomarán las siguientes medidas -algunas ya se han tomado-. La primera que se relata es "reclamación judicial". Además, la abogada pondrá el caso en conocimiento de la "inspección de trabajo". Se ha comunicado el caso a las diferentes "autoridades públicas", en relación a las "subvenciones" que otorgan al club -Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna-. "Están condicionadas al cumplimiento de las deudas salariales", explica el comunicado. López alerta de que el proceder del Aguere contraviene la "Ley del Deporte" e incumple la "Ley de Igualdad" tanto nacional como de Canarias. Por último, se exige "responsabilidad a la Real Federación Española de Voleibol", con el objeto de que actúe "disciplinariamente en base a estos impagos" de acuerdo a "sus estatutos y reglamentos", señala.
El grupo de exempleados que defiende la letrada María José López ofrece un camino pactado que evite los tribunales. "Podríamos negociar un plan de pago, dadas las circunstancias que le indico. Este gesto constituiría un acto de buena fe por parte de las deportistas, que no podría dilatarse en más de dos meses desde la fecha de recepción del documento", indica la misiva de seis páginas de extensión.
Engaños, contratos simulados y fraude de ley
La comunicación ahonda en la "mala praxis" del Aguere. En los documentos en los que el club reconoce sendas deudas se desprende, en palabras de la licenciada en Derecho, "empleo sumergido o simulado", dada la "naturaleza" de estos. Algo que "requerirá de la intervención de la inspección de trabajo". López pone énfasis en la "situación de indefensión" de "algunas jugadoras" al "haberle ofrecido continuar con un contrato nuevo". Un "compromiso" incumplido "por la imposibilidad material de facilitarle los billetes para incorporarse al club. Denota engaño y situación simulada de contrato, así como actuación en fraude de ley", remarca.
La respuesta del club llegó por medio de wasap
Fue Ambrosio González, entrenador y directivo de la junta gestora del club, el que respondió a la abogada de la parte reclamante. El otrora presidente aseguró que el club estaba sin gobierno en la actualidad y dejó el asunto en manos del abogado del Aguere. González ha indicado en los últimos tiempos que su cometido se circunscribe únicamente al área técnica, desmarcándose de responsabilidad alguna, aunque fuese él mismo el que suscribiera algunos de los contratos de los que ahora se reclama el pago de los respectivos salarios.