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"CASO JINÁMAR"   

 

Informe de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo Autónomo

 

Recibida petición de informe en relación con las actuaciones a seguir tras el informe del Consejo Consultivo de Canarias, sobre el expediente del Parque Marítimo de Jinámar, informativo a V.E., lo siguiente:

El pasado 22 de octubre del Consejo Consultivo de Canarias emitió el Dictamen 113/2001 relativo al procedimiento de revisión de oficio de una serie de actos dictados por la Consejería de Política Territorial en relación con la revisión del Plan Especial del Parque Marítimo de Jinámar y las adjudicaciones de parcelas realizadas a raíz de esa revisión.

De entrada, advertimos que el objetivo del presente informe no es realizar juicios de valor sobre los argumentos del Consejo, sobre todo porque nos lo impide el artículo 18.2 de la Ley 4.1984, de 6 de julio, del Consejo Consultivo de Canarias, que establece que emitido un dictamen por éste sobre un asunto, preceptiva o facultativamente, "no podrá informar jurídicamente sobre el mismo ningún otro cuerpo u órgano de la Comunidad Autónoma". Lo que pretendemos es, simplemente, analizar cuál es la situación jurídica en que se encuentra la Administración tras este dictamen y cuáles son las vías de que dispone para recuperar las parcelas que la Consejería considera ilegítimamente adjudicadas.

Los antecedentes más relevantes a tener en cuenta son los siguientes:

  1. Mediante orden de 30 de julio de 1990 la Consejería de Política Territorial aprueba el Plan Especial Parque Marítimo de Jinámar, cuyo ámbito territorial se proyecta sobre dos municipios: Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Este Plan, calificado por sus propias normas como "conservacionista al máximo" ordena el ámbito territorial respectivo desde la perspectiva estrictamente ambiental en orden a conservar los valores naturales y culturales presentes en la zona, en especial la Lutus Kunkell y los restos arqueológicos existentes, sin la consideración de aprovechamientos urbanísticos patrimonializables por los propietarios del suelo.
  2. Acordada la expropiación para la obtención de los terrenos que sirven de soporte territorial para la ejecución del Plan Especial, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Las Palmas fija el justiprecio en la cantidad de 526.666.560 pesetas mediante acuerdo de 16 de julio de 1997.
  3. Contra dicho Acuerdo se interponen sendos recursos contencioso-administrativos por parte del expropiado y de la Administración, autonómica que se tramitan ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de Las Palmas con los nº 2323 y 2374/1997 (procesos acumulados), cuyo resultado analizaremos más adelante.
  4. Con fecha 19 de octubre de 1998 se suscribe un Convenio entre la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente y las entidades "JINUR, S.A." (como sujeto expropiado) y "Promociones Hornera, S.A.", a quien JINUR, S.A. había cedido sus derechos de créditos derivados de la expropiación.

Este Convenio obedece, según manifiestan las partes en el mismo, a que con posterioridad a la expropiación la Administración autonómica se plantea, la necesidad de revisar el modelo territorial inicialmente propuesto por el Plan Especial, revisión que supone la introducción de aprovechamientos lucrativos privados que favorezcan el estímulo socio-económico de la zona. Como quiera que la introducción de esos aprovechamientos confiere al primitivo propietario de los terrenos afectados el derecho a la reversión por cambio del uso que motivó la expropiación (artículo 40 de la Ley 6/1998), el convenio dice perseguir la finalidad de evitar que ese procedimiento de reversión pueda demorar el logro de los objetivos pretendidos con el Plan Especial y con su revisión futura, de ahí que busque una fórmula que permita salvaguardar el eventual derecho de los propietarios a la recuperación de los terrenos sin necesidad de iniciar un procedimiento de reversión.

Junto a esa finalidad principal, el convenio pretende instrumentar el acuerdo entre la Administración y el particular titular del derecho de crédito derivado de la expropiación relativo al pago del justiprecio en especie mediante la adjudicación de parcelas.

Para el logro de estos objetivos, las partes asumen las siguientes obligaciones:

  • La Administración autonómica se compromete a revisar el Plan Especial, asumiendo como uno de los objetivos de dicha revisión la introducción de aprovechamientos lucrativos privados hasta un máximo de 125.000 metros cuadrados de edificación.
  • Las empresas JINUR, S.A. y PROMOCIONES HORNERA, S.L. renuncian al derecho de reversión que pudiera corresponderles.
  • La empresa PROMOCIONES HORNERA, S.L. acepta el pago del justiprecio e intereses que se le adeudan mediante la adjudicación de las parcelas resultantes de la urbanización, con un aprovechamiento total de 125.000 m2.
  • Finalmente, esta última entidad asume otros compromisos, entre los que destacamos la realización de una inversión económica total de 3.000 millones de pesetas por la urbanización del Plan Especial.
  1. Por Orden de 5 de julio de 1999, el Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente aprueba definitivamente la revisión del Plan Especial del Parque Marítimo de Jinámar.

    Esta Orden no se limita a aprobar dicha revisión, sino que, además, en lo que aquí nos interesa, adjudica las parcelas de aprovechamiento privado a Promociones Hornera, S.L. en los términos del Convenio, según ha reconocido la propia Consejería, es decir, par celas con 125.000 m2 de aprovechamiento.
  2. Contra dicha Orden, el Ayuntamiento de Telde interpuso un requerimiento que, tramitado como recurso de reposición, que fue estimado parcialmente por la Orden de 20 de marzo de 2000, la cual introdujo modificaciones de dos tipos.
    • Se modifica el Plan Especial en el sentido de reducir la edificabilidad lucrativa total.
    • Se adjudica al Ayuntamiento de Telde una parcela de 7.728 m2 de superficie y de 8.500 m2 de edificabilidad.
  3. Contra esta Orden de 20 de marzo de 2000, el Ayuntamiento de Telde formula un requerimiento de anulación que no es atendido por la Administración autonómica, lo que determina que la Corporación Local acuda a la jurisdicción contencioso-administrativa.

    Nos encontramos así con que en este momento penden ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de canarias dos recursos contra la Orden de 5 de julio de 2000, que aprobó el Plan Especial del Parque Marítimo de Jinámar:
    • el recurso nº 1146/1999, interpuso por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y
    • el recurso nº 1555/1999, interpuesto por el Ayuntamiento de Telde contra la misma Orden (5-7-1999) y contra la desestimación del requerimiento formulado contra la Orden de 20 de marzo de 2000.
  4. Mediante Orden de 24 de enero de 2001, el Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente designa a un funcionario para la ejecución y protocolización de la Orden de 5 de julio de 1999 que aprobó definitivamente la revisión del Plan Especial Parque Marítimo de Jinámar, entre cuyas determinaciones se encuentra la adjudicación de parcelas.
  5. El 29 de enero de 2001, el funcionario designado otorga ante el Notario Don Juan Alfonso Cabello Cascajo un acta de protocolización de adjudicación de parcelas previa segregación.

    En dicho documento notarial el funcionario, en nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias, realiza un una segregación de las fincas que van a ser adjudicadas y ratifica la adjudicación por la Comunidad Autónoma a favor de la entidad Parque Marítimo de Jinámar (actual titular de los derechos que ostentaba Promociones Hornera, S.L. contra la Comunidad) de las siguientes fincas:
    • Parcela 881 del Plan Parcial Valle de Jinámar de 1990, (en adelante PPVJ90), destinada a vivero en el plano de ordenación del referido plan, de 30.660 m2 de superficie, sin que se le asigne aprovechamiento urbanístico alguno.
    • Parcela 900 del PPVJ90, destinada a Equipamiento Deportivo en el plano de ordenación del referido plan. Tiene una superficie de 287.005 m2 y se le asigna un aprovechamiento de 38.000 m2 construidos a efectos de adjudicación.
    • Parcela denominada "Equipamiento de Servicio" en el PEPMJ99, tiene una superficie de 315 m2. En la descripción del acta notarial no se especifica la edificabilidad asignada a esta parcela.
    • Parcela denominada "Parque de Ocio, Recreo y Comercial" en el PEPMJ99. Tiene una superficie de 110.250 m2 y un aprovechamiento urbanístico de 85.000 m2 construidos.
    • Parcela denominada "Dotacional Circulatorio" ene l PEPMJ99. Tiene una superficie de 2.645 m2, con una superficie máxima edificable de 264 m2 construidos. No se le asigna aprovechamiento urbanístico.

      De este documento hemos de destacar lo siguiente:
      1. En primer lugar para ratificar esa adjudicación de parcelas ante Notario, se ha aportado un documento denominado "anexo de adjudicaciones" que no se corresponde con el de la Orden de 5 de julio de 1999.
        Ello significa que el documento elevado a público figuran como adjudicadas no sólo las parcelas que lo fueron en virtud de la Orden de 5 de julio de 1999, sino, además, otras tres (las parcelas 881 y 990 del PPVJ90 y la denominada "equipamiento de servicio") que no habían sido adjudicadas previamente por órgano administrativo alguno, según parece desprenderse del expediente y de la denuncia presentada por la Consejería de Política Territorial ante el Ministerio Fiscal.
      2. Las dos primeras parcelas citadas 881 y 990 PPVJ90) están ubicadas fuera del ámbito territorial del Plan Especial que se pretende ejecutar.
  6. Por Orden de 23 de julio de 2001, la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente inicia un procedimiento de revisión de oficio de la Orden nº 207 de 20 de marzo de 2000, del anexo de adjudicación del Plan Especial del Parque Marítimo de Jinámar, de su posterior protocolización notarial, y de la Orden nº 30, de 24 de enero de 2001.
  7. Tramitado el procedimiento y solicitado dictamen al Consejo Consultivo de Canarias, éste emite el dictamen 113/2001 de octubre, en el que concluye que "la concurrencia de defectos esenciales en la tramitación del procedimiento de revisión de oficio impide el pronunciamiento sobre la declaración de nulidad propuesta, determinando su inestabilidad, tal y como expresa en los Fundamentos precedentes".
  8. Finalmente, como hecho posterior al dictamen hemos de traer a colación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 17 de abril de 2001 (notificada a esta Administración el 30 de octubre de 2001) recaída en los recursos 2323/1997 y 2374/1997, por la que se viene a reducir el justiprecio de la expropiación de la que traen causa las actuaciones que analizamos, en la que se dice que los terrenos cuya valoración fue impugnada por esta Administración (con una superficie de 88.200 m2) han de ser valorados a cuatrocientas pesetas el metro cuadrado. (Habían sido valoradas por el jurado a tres mil quinientas pesetas el metro cuadrado).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS


Así expuestos los hechos, entramos a analizar la situación en que se encuentra la Administración autonómica tras el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

Como sabemos, la Consejería de Política Territorial intentó revisar de oficio la Orden nº 207 de 20 de marzo de 2000, del anexo de adjudicación del Plan Especial del Parque Marítimo de Jinámar, de su posterior protocolización notarial y de la Orden nº 30, de 2 4 de enero de 2001.

Tramitado el procedimiento, el Consejo Consultivo no entra a analizar el fondo del asunto, esto es, si concurren o no las causas de nulidad invocadas por la Administración, sino que aprecia defectos esenciales en la tramitación del procedimiento de revisión de oficio que se lo impiden.

Este defecto apreciado por el Consejo (falta de audiencia al interesado al introducir argumentos nuevos en la propuesta de resolución) no puede subsanarse mediante la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior a la comisión de ese vicio porque, según el Consejo, el procedimiento ha caducado, al haber transcurrido el plazo máximo de resolución previsto en la Ley, toda vez que dicho organismo considera que no es aplicable la interrupción del plazo previsto en el artículo 42.5.c.) de la Ley 30/1992 porque dicho precepto se refiere a la solicitud de informes - y el Consejo emite un "dictamen", no un informe - a órganos de una Administración - y el Consejo tampoco es un órgano - .

Ello significa que si la Administración desea anular los actos que considera viciados está obligada, en principio, a iniciar un nuevo procedimiento de revisión de oficio. Sin embargo, el Consejo Consultivo ha cerrado la puerta a esta posibilidad, en los fundamentos II (en el que sitúa expresamente esta cuestión en el ámbito de la jurisdicción civil) y V.

  1. En efecto, en el fundamento II el Consejo realiza dos observaciones de extraordinaria importancia:
    1. Ante todo y habida cuenta de que los argumentos de la Consejería para anular los actos que se revisan se construyen sobre la nulidad de la adjudicación de las parcelas, afirma el Consejo "no hay disposición o acto administrativo que acuerde concretas adjudicaciones de parcelas - en particular de los número 881 y 900 - que revisar, ni actos que ejecuten normas sobre el Plan Especial del Parque Marítimo de Jinámar susceptible de revisión, en cuanto adjudiquen cualquier tipo de parcelas".

      A esta conclusión llega el Consejo por dos motivos:
      1. Porque dice que no consta en el expediente que las Órdenes relativas al Plan Especial tengan - aún nombrándolos - Anexos que contemplen adjudicaciones de parcelas.
      2. Porque el Consejero de Política Territorial afirma tajantemente que tales Anexos no existen en el escrito de denuncia remitido al Fiscal anticorrupción.


    Por tanto, sí la Orden de 20-3-2000 no tiene Anexo que adjudique parcelas o que rectifique la adjudicación que realizó la Orden de 5 de julio de 1999, entiende el Consejo que no hay acto administrativo que pueda ser revisado por este cauce.

    1. Al mismo tiempo, afirma el Consejo que el acta de protocolización de las adjudicaciones de parcelas es un acto sometido al Derecho privado, por lo que su anulación no puede obtenerse a través del procedimiento de revisión de oficio, sino que ha de intentarse por los medios previstos en aquél, esto es, ha de acudirse a la jurisdicción civil.

      En consecuencia, y según el Consejo Consultivo, si la orden de 20 de marzo de 2000 no tiene Anexo, ha de descartarse la iniciación de un nuevo procedimiento de revisión de oficio para anular la adjudicación de las parcelas, porque no hay acto administrativo que lleve a cabo esa adjudicación, y porque la protocolización de las adjudicaciones ha de impugnarse ante la jurisdicción civil.
  2. Por su parte, en el fundamento V invoca la concurrencia de la litispendencia, que impide a la Administración revisar de oficio un acto cuando sobre la legalidad de ese acto se halle pendiente la resolución de un proceso ante los Tribunales de Justicia competentes.

    Ello significa que mientras no finalicen los recursos pendientes contra la Orden de 5 de julio de 1999 y los actos posteriores, cualquier intente de revisar de oficio tales actos se verá frustrado por el Consejo Consultivo, que estima que la litispendencia impide dicha revisión.

    Así las cosas, y cerrada la posibilidad de una revisión de oficio de los actos en cuestión, el dictamen del Consejo Consultivo nos conduce a ejercitar una acción ante la jurisdicción civil para instar la anulación del instrumento público (acta de protocolización) y del negocio jurídico en él documentado.

    Sin embargo, entendemos que existe otro procedimiento más sencillo, no apuntado por el Consejo Consultivo, pero directamente relacionado con su apreciación de que no hay acto administrativo de adjudicación de las parcelas cuestionadas. Esta vía, que consiste en dictar un simple acto administrativo aclaratorio que declare cuál es la voluntad de la Administración en orden a las parcelas que se adjudican, tiene un doble fundamento:
    1. Sabemos que una vez que la Administración dicta un acto administrativo declarativo de derechos no puede apartarse de él sino a través de los procedimientos excepcionales previstos en la ley (revisión de oficio o impugnación ante la jurisdicción contenciosa, previa declaración de lesividad), lo cual es consecuencia lógica del principio general del Derecho de que "nadie puede ir lícitamente contra sus propios actos".

      Sin embargo, en este supuesto que comentamos el Consejo Consultivo de Canarias ya nos ha adelantado que del expediente administrativo y de la denuncia presentada ante el Ministerio Fiscal se deduce que "no hay disposición o acto administrativo que acuerde concretas adjudicaciones de parcelas - en particular de las número 881 y 900 - que revisar, ni actos que ejecuten normas sobre el Plan especial del Parque Marítimo de Jinámar susceptibles de revisión, en cuanto adjudiquen cualquier tipo de parcelas" entiende, pues, el Consejo, que no procede la revisión de oficio porque no hay acto administrativo alguno que revisar.

      En otras palabras, si el funcionario ha actuado ante el Notario sin la cobertura jurídica de un acto administrativo, nos encontramos, de una parte, con que su declaración ante el mismo no se corresponde con una voluntad de la Administración previamente declarada a través del correspondiente acto administrativo; y de otra, con que, según se desprende del dictamen del Consejo, esa declaración del funcionario tampoco puede ser considerada en sí misma como tal acto administrativo.

      Si esto es así, si no hay acto administrativo que adjudique las parcelas, la Administración puede en este momento dictar un acto en el que declare unilateralmente su voluntad contraria a esa adjudicación, sin que pueda atribuirse a esa declaración un carácter revocatorio de un acto favorable que, a juicio del Consejo, es inexistente.
    2. En segundo lugar, esta actuación se fundamentaría en la calificación de la inclusión en el documento protocolizado de las parcelas cuestionadas como un error de hecho, que puede ser corregido por la Administración en cualquier momento, de conformidad con el artº 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

      Para llegar a esta conclusión partimos del exceso en que ha incurrido el funcionario actuante ante el Notario respecto a las facultades que le confirió la Orden de 24 de enero de 2001, exceso que ha determinado que las parcelas que aparecen como adjudicadas en el Acta no se correspondan con la realidad.

      En el análisis de esta cuestión, examinaremos primero el título que habilitó al funcionario para actuar ante el Notario, seguidamente veremos el uso que hizo de él, y por último las consecuencias de ese exceso en que ha incurrido.
      1. La Administración Pública, en cuanto persona jurídica con capacidad de obrar necesita para su ejercicio, como es sabido, de la participación de determinadas personas, que como órganos de la misma y por tanto formando parte de su estructura, manifiestan la voluntad de la persona jurídica. La Administración actúa a través de sus órganos, de tal forma que los actos de las personas titulares de los mismos se estima que son actos de la propia persona jurídica siempre que actúen en el ámbito de sus competencias, lo cual no ha sucedido en este caso, como veremos.

        En este caso el artº 29.1 k) atribuye al Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente la competencia para firmar en nombre de la Comunidad los contratos y convenios relativos a asuntos de su Consejería, Era el Consejero, pues, quien ostentaba la representación de la Administración autonómica en el acto de protocolización de una Orden Departamental suya: la Orden de 5 de junio de 1999.

        Sucede sin embargo, que el Consejero no actuó por si mismo, sino que acudió a la técnica de la delegación, dictando a tal efecto la Orden de 24 de enero de 2001, cuyo tenor literal es el siguiente:

       

      "Visto que por orden departamental de 5 de julio de 1999 se aprobó definitivamente la revisión del Plan Especial Parque Marítimo de Jinámar entre cuyas determinaciones se encuentra la adjudicación de parcelas resultantes descritas en el Anexo II de dicho Plan Especial en ejecución del Acuerdo del Gobierno de Canarias en sesión celebrada el 8 de octubre de 1998 a través de la presente vengo a designar a Don Valeriano Díaz Castro, jefe del Servicio Jurídico de la Dirección General de Ordenación del Territorio, islas orientales, para que proceda a la ejecución y protocolización de dicho acuerdo".

  3. Sobre la misma, examinaremos dos cuestiones fundamentales: la naturaleza jurídica de la habilitación que contiene y las facultades que confiere al funcionario.

    Respecto a la primera cuestión, estimamos que no estamos ante la figura de la delegación de competencias prevista en el artº 13 de la Ley 30/1992, sino ante una simple delegación de firma.
    Así resulta claramente de la literalidad de la Orden y del hecho de que no haya sido publicado en el B.O.C.

    En efecto en la delegación de firma lo que se delega no es la competencia para dictar un acto administrativo, sino la simple firma de un acto que previamente ha sido dictado por el órgano competente y cuyo contenido es conocido y determinado previamente, careciendo el delegado de facultades innovativas que le permitan modificar dicho acto en ninguno de sus aspectos (artº. 16.1 de la Ley 30/1992).

    Es lo que ha sucedido en el presente caso, donde la Orden de 24 de enero de 2001 se ha limitado a "designar" a un Jefe de Servicio para la "protocolización" de documentos (más adelante analizaremos cuáles), es decir, para participar en un acto jurídico de elevación a público de determinados documentos cuyo contenido a había sido definido por el Consejero.

    En este sentido, ha de tenerse en cuenta que el acta de protocolización, por definición, es un documento público mediante el que se incorpora a un protocolo notarial un documento privado (o en este caso, administrativo) y continente de un negocio jurídico previamente celebrado, bien a efectos de su acceso al Registro, cuando así lo permita la Ley, bien a efectos de garantizar su identidad y existencia. El acta notarial no es, pues el título jurídico de la adjudicación de las parcelas, sino que dicho título está constituido por un acto previo del Consejero. Las partes intervinientes se limitan a ratificar actuaciones anteriores plasmadas en un acto administrativo que es el que ha verificado la adjudicación. Se trata, por tanto, de reconocer un acto jurídico anterior. Como afirma Núñez Lagos, en el Acta se da por válida una declaración de voluntad anterior; el acto anterior constituye en su integridad el objeto de protocolización y no se causa; subsiste la relación jurídica anterior en toda su integridad, sino que su reconocimiento en el Acta absorba o anule la relación primitiva.

    Por ello estimamos que si el Consejero designó al funcionario para protocolizar la Orden de 5 de julio de 1999, estaba simplemente operando una delegación de firma, pero en ningún momento le habilitó para emitir una nueva declaración de voluntad, que modificase la ya emitida por él.

    Finalmente y, como ya hemos adelantado, la Orden no fue publicada en el Boletín, lo que refuerza la interpretación de que estamos ante una delegación de firma, tal y como se desprende del artº 16.2 de la Ley 30/1992, según el cual "la delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación".

    Una vez aclarado que el funcionario sólo estaba facultado para intervenir en un acto de protocolización de un acto administrativo dictado previamente por el Consejero de Política Territorial, vamos a determinar cuál es ese acto.

    Al respecto basta una lectura de la Orden de 24 de enero de 2000 para comprender que el documento cuya protocolización se encomienda al funcionario es el Anexo II de la Orden de 5 de julio de 1999, por el que se adjudicaron determinadas parcelas a Promociones Hornera, S.L. Se alude a ella citándola por su fecha y en singular ("protocolización de dicho Acuerdo", dice la Orden). Por tanto, el Jefe de Servicio no contaba con designación válida para protocolizar ningún Acuerdo distinto del de 5 de julio de 1999, ni para modificar o aclarar dicho Acuerdo, incluyendo en el mismo la adjudicación de unas parcelas que no figuraban en él.

    La valoración jurídica de esta protocolización nos lleva a concluir lo siguiente:

    1. Que el Jefe de Servicio no tenía la legitimación necesaria para intervenir en dicha acta de protocolización y firmarla de modo que pueda vincular a la Administración, habida cuenta de que la delegación de firma no cubre las modificaciones que el Jefe de Servicio incluyó en las adjudicaciones.
    2. Que el funcionario actuante ha aportado certificaciones y títulos que incurren en lo que, a efectos administrativos, podemos calificar como manifiesto error de hecho, ya que no todas las parcelas adjudicadas formaban parte de la operación de protocolización que el Consejero le encomendó.
    3. A la misma conclusión de error de hecho nos lleva el dato de que en la documentación aportada figura como adjudicadas parcelas distintas de las que obran como tales en los archivos de la Consejería, según admite esta.

     

La superación de la situación creada por la adjudicación de las parcelas, tiene, por consiguiente, una primera vía bastante simple y clara y no sometida a ningún procedimiento especialmente grave: se trata de que el Consejero competente dicte una Resolución declarando que la protocolización se ha producido en términos incorrectos, por no encontrarse el Jefe del Servicio interviniente facultado para llevarlo a cabo en los términos en que lo hizo. La misma Resolución declarará el error de hecho en que se incurrió al incorporar a la adjudicación parcelas que, desde luego, no podían corresponder al Anexo de adjudicaciones de 1999, que se trataba de protocolizar.

Es todo cuanto se informa V.E., no obstante, acordará.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de Diciembre de 2001.

    LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO,

    María Jesús Mesa Hernández

ILTMO. SR. VICECONSEJERO DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

 

González envía al fiscal anticorrupción el "caso Jinámar"
"Caso Jinámar", informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias

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