Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) y Unidad del Pueblo (UP) mostraron ayer, en un comunicado informativo conjunto, su apoyo a las movilizaciones que emprenderán Intersindical Canaria (IC) y el Frente Sindical Obrero Canario (FSOC) para el próximo Primero de Mayo. ANC y UP denunciaron la "enorme fragilidad" del modelo económico canario, consecuencia, argumentaron, de la "dependencia de centros de decisión foráneos que nos han hecho bascular al son de sus intereses y seguir sufriendo la condición de colonia de producción de servicios dentro de la economía europea".
Ambas organizaciones señalaron que "nos enfrentamos a una crisis (política, económica y social) sin precedentes en las últimas décadas, consecuencia de la acumulación capitalista de los sectores bancarios e inmobiliarios que ha sido tolerada y fomentada por los sucesivos gobiernos".
En su exposición de motivos para apoyar los actos del Día Internacional del Trabajo de los citados sindicatos, destacan los 238.344 parados que acumula el Archipiélago -según el último dato publicado por el Ministerio del área-, de los cuales 80.000 dejarán de percibir en los próximos meses cualquier tipo de prestación, según sus cálculos.
Deterioro social
Además, 263.869 trabajadores tienen un contrato "en precario", lo que, advierten, "es el camino para mantener la baja productividad, las altas tasas de siniestralidad laboral y el desempleo". Y la elevada temporalidad que registra Canarias, agregaron, "abarata el despido, evade el control sobre las razones para despedir y anula la intervención sindical". Esta dinámica ha desembocado en la sustitución progresiva de "contratos con derechos por contratos basura", resumieron.
De forma paralela, las Islas contabilizan ya 775.514 ciudadanos bajo el umbral de la pobreza, apuntan ANC y UP, que "constatan" el aumento progresivo experimentado por la tasa de pobreza relativa, que ha pasado del 18,5% de 2001 al 37,4% del pasado año, según el comunicado.
"Mientras esto ocurre, el Gobierno de España y el gobierno -entre comillas- de Canarias apuestan por la reforma y la flexibilidad laboral y renuncian a marcar políticas de sanidad, servicios sociales, educación, comunicaciones o energía", añade la declaración.
El "problema", según ambos colectivos, "es un gobierno que pone a disposición de los responsables de la crisis una trama jurídica que fomenta el enriquecimiento especulativo, la evasión fiscal y la irresponsabilidad, y que pone miles de millones para que la banca privada siga acumulando beneficios a costa del sufrimiento y empobrecimiento de decenas de miles de trabajadores".
También critican que la Administración "mire impasible" el avance del desempleo, que "amenaza con privatizar los servicios públicos y recorta las pensiones", y que "abandone" a las víctimas de la crisis en favor de los bancos.