El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde al Real Decreto Ley de Medidas para el Sector Energético con el que se congela hasta 2012 el precio de la luz para cerca de 5 millones de hogares con dificultades económicas, el denominado "bono social", y se resuelve el problema del déficit de tarifa.
Aprobado por 181 votos a favor, 6 en contra y 147 abstenciones, el Real Decreto Ley supondrá que la luz no se encarezca hasta 2012 para los consumidores con una potencia contratada de hasta 3 kilovatios (KW) en su primera vivienda, ni para las familias numerosas o con todos los miembros en paro, así como para quienes perciban pensiones mínimas.
Junto al "bono social", el Real Decreto incluye otras iniciativas como la resolución del problema del déficit de tarifa -la diferencia que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes- acumulado desde 2000.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, explicó a los diputados que dicho déficit, próximo a los 14.000 millones de euros, dificultaba las inversiones del subsector eléctrico, necesarias para garantizar el suministro y mantener el empleo.
Críticas canarias
Por eso, justificó la decisión del Gobierno de crear un fondo con el que el Estado avalará hasta 10.000 millones de euros del déficit tarifario pendiente de titulizar -convertir los derechos de cobro en títulos negociables-.
Por su parte, el diputado del Partido Popular (PP) Álvaro Nadal señaló que el Decreto supone una "confesión implícita" de que en las energías renovables "algo no ha ido bien", ya que se crea un registro que servirá para hacer un seguimiento de la potencia implantada, lo que "dificulta el desarrollo de nuevas instalaciones y supone un atentado contra el sector de las renovables".
En su intervención, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas expuso las objeciones de su partido y del Gobierno isleño a una norma que creen "impracticable en las Islas" porque se ha vuelto a cometer el "error" de olvidar que hay un 5% de españoles fuera de los parámetros continentales.
Admitió que el Ministerio había corregido algunos aspectos de la futura norma, "que era un auténtico serruchazo a las posibilidades de desarrollo eólico en Canarias", pero aún así no le dio su apoyo.