El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que recoge las ayudas directas a la compra de automóviles, anunciadas en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Las medidas se aplican desde el pasado lunes, 18 de mayo, para evitar que los usuarios demoraran una posible compra hasta el 1 de junio, fecha prevista inicialmente para que entrara en vigor esta norma.

Desde el pasado lunes, los consumidores ya disponen de una ayuda mínima de 1.500 euros, aportados por las marcas automovilísticas (1.000 euros) y el Gobierno central (500 euros), que se incrementa hasta 2.000 euros para los usuarios de las comunidades autónomas que se han adherido al plan, como es el caso de Canarias.

Esta norma se acompaña de la habilitación de los fondos necesarios para que el Ministerio de Industria haga efectivas estas ayudas con carácter inmediato, según anunció en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Un año de vigencia

El citado departamento ministerial, explicó, se encargará del seguimiento de las ayudas y designará una entidad colaboradora para su gestión y liquidación mediante concurso. El agente de ventas se hará cargo de la documentación solicitada al comprador y cada quincena solicitará los fondos del Ministerio correspondientes a las operaciones que haya ejecutado la entidad colaboradora, que verificará el cumplimiento de requisitos y procederá al envío de los fondos. Con el objeto de evitar que los concesionarios tengan dos interlocutores y dos pagadores, Industria ofrecerá los servicios de la entidad colaboradora a las comunidades.

Fernández de la Vega explicó que el Gobierno, con esta medida, pretende "estimular" un sector estratégico en España que da empleo directo e indirecto a 300.000 personas. Respecto a la disparidad con que las Comunidades Autonómicas han acogido la iniciativa, la portavoz gubernamental animó a éstas a secundar la iniciativa "por encima del color político" por lo que tiene de beneficios para la ciudadanía. María Teresa Fernández de la Vega puntualizó en la rueda de prensa que estas ayudas se concentran sólo en automóviles y que para otros vehículos, como los agrícolas o las motocicletas, se están estudiando otras opciones.

Las medidas beneficiarán a un máximo de 200.000 vehículos en su periodo de vigencia de un año (entre el 18 de mayo de 2009 y la misma fecha de 2010) cuyo precio de venta sea inferior a los 30.000 euros.

Las condiciones para recibir estas ayudas se plasman en el cambio de un coche nuevo por otro con una antigüedad mínima de 10 años o 250.000 kilómetros, de 12 años si la opción de compra es un usado.

Uno de estos efectos benéficos expuestos por el Gobierno es que la renovación del parque que va a propiciar el Plan 2000E equivalen a un ahorro anual, en términos medioambientales, de 161.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), lo que equivale a plantar 36 millones de árboles.

El espectro de beneficiarios se establece para clientes particulares, autónomos y pequeñas y medianas empresas que compren un turismo del segmento urbano o utilitario, o comercial con peso hasta 3,5 toneladas nuevo, o de segunda mano con una antigüedad máxima de cinco años. Los vehículos nuevos a comprar deben tener como condicionantes acreditar unas emisiones de CO2 que no superen los 120 g/km, aunque se pueden extender hasta 149 g/km si incorporan sistemas de control electrónico de estabilidad y detectores presenciales en las plazas delantera. A este registro de 149 g/km de CO2 se añaden los urbanos o utilitarios que incorporen un catalizador de tres vías, si equipan un motor de gasolina, o dispositivos de recirculación de gases de escape, si el propulsor es diésel.

Para los comerciales, las emisiones de CO2 encuentran el tope en el registro de los 160 g/km.