Las comunidades de Madrid y La Rioja, ambas gobernadas por el PP, son las únicas que mantienen su oposición a la iniciativa gubernamental para elevar la venta de coches. Las dos persistieron en su actitud en la nueva reunión celebrada ayer entre el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y los representantes del ramo de las autonomías para tratar de coordinar la gestión de las ayudas con el objetivo de alcanzar la mayor homogeneización posible en su aplicación.
El Archipiélago, junto a Cataluña y Baleares, así como las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, ratificaron su participación en el plan de ayudas directas a la compra de automóviles anunciado por el Gobierno, aunque con sus propias especificidades, con lo que ofrecerán a sus ciudadanos ayudas por valor de 2.000 euros e incluso por encima de esa cifra.
Sebastián, que tuvo un tono conciliador hacia las dos comunidades reticentes, a cuyos gobernantes pidió que "recapaciten y se lo piensen", clarificó parcialmente algunas dudas surgidas en la gestión del Plan 2000E, como la puesta en marcha de un organismo de control de las ayudas centralizado en su departamento para las ayudas hasta 2.000 euros y que se buscarán mecanismos de coordinación entre las comunidades para ordenar las propias de cada territorio.
El ministro Miguel Sebastián manifestó que será cada autonomía la que establezca las condiciones de empadronamiento para el acceso a las ayudas por parte de los usuarios.
Por último, el titular de Industria reiteró que podría ser factible "la extensión de las ayudas a la compra para otro mercado en situación de desplome como el de las motocicletas".