El presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio González Martín, consideró hoy ante los datos del paro que "no se pueden seguir poniendo paños calientes, y que hay que actuar, de una vez por todas, con una mayor valentía política para afrontar una regulación laboral que, en estos momentos, se muestra ineficaz ante las nuevas circunstancias."

Aunque con menos fuerza, la mancha del paro sigue extendiéndose en Canarias, una sombra que planea ya sobre 249.661 personas y que en mayo vuelve a dejar a las islas como la comunidad líder en destrucción de puestos de trabajo, con un aumento del desempleo del 1,28 por ciento respecto a abril, señala la entidad cameral en un comunicado. El archipiélago se queda al margen de la primera bajada en 14 meses registrada en el territorio nacional, donde el paro cayó un 0,68 por ciento en mayo y, de esta manera, encabeza la lista de las tres únicas comunidades donde el desempleo continuó subiendo, junto a Madrid y a Valencia.

En opinión de González "estamos tardando en entrar de lleno en una negociación colectiva que, hasta ahora, está siendo muy rígida y poco cooperativa. Es necesario corregir los principales problemas que están provocando un funcionamiento tan ineficiente del mercado de trabajo, además de mejorar los servicios de empleo para facilitar la reasignación de trabajadores entre los diferentes sectores de actividad".

Añade, además, que "es necesario reducir la alta volatilidad del empleo aminorando la contratación temporal a través de modificaciones que sean asumibles por los empresarios y que les permitan, por tanto, incrementar las contrataciones indefinidas".

SIMPLIFICAR EL SISTEMA DE CONTRATOS

El presidente de la Cámara aboga por simplificar el complejo sistema de contratos y adecuarlos a la nueva realidad laboral. En este sentido, opina que se debe amparar con un mayor respaldo la contratación a tiempo parcial de cara a favorecer la empleabilidad de nuevos trabajadores en lugar de recurrir al uso de las horas extras.

La Cámara se muestra también preocupada por la escasa o nula capacidad de generar nuevos contratos que está evidenciando la economía de las Islas, tal y como reflejan los datos de afiliados a la Seguridad Social contabilizados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que confirman la mala situación del empleo en Canarias, con un descenso en el mes de mayo del -0,8 por ciento frente a un crecimiento nacional del 0,4 por ciento.

Hay que abordar políticas sectoriales de empleo que ataquen directamente a las causas que están generando el desempleo en los distintos sectores y abordar desde distintos frentes (educativo, productivo, etc.) los problemas y las soluciones dentro de un proyecto global a favor de una recuperación no sólo cuantitativa, sino cualitativa del empleo en el Archipiélago.

DESTINO PREFERENTE

A su juicio, las cifras del paro en el mes de mayo "confirman a las claras que la crisis económica ha elegido Canarias como destino preferente, lo que refuerza, aún más, la urgente necesidad de agilizar ese plan de choque especial para Canarias al que se ha comprometido el Gobierno estatal si queremos que la recesión empiece a hacer sus maletas para marcharse".

A su juicio, "es preocupante que Canarias vaya contracorriente y se mantenga en el rumbo de la destrucción de empleo", y sobre todo, que sea el sector servicios el que continué como su principal víctima con 163.660 parados, "ya que estamos hablando del pilar más importante de la economía del Archipiélago". Sin embargo, González Martín considera muy positivo que el sector canario de la construcción haya conseguido meterse en la corriente nacional del descenso del paro. Según explica, "la bajada de 655 desempleados registrada en mayo da un soplo de aire fresco al sector que más ha estado sufriendo las consecuencias de la recesión económica.

Desde la Cámara de Comercio se apuesta también por mejorar las políticas activas de búsqueda de empleo, orientándolas hacia colectivos y sectores específicos. En esta línea, González Martín apunta que sería oportuno plantearse una mayor colaboración público-privada entre los servicios públicos de empleo y las empresas de intermediación laboral con el objeto de proporcionar mayores oportunidades al trabajador.