La eliminación de las bonificaciones en las tasas portuarias que se aplican en Canarias, recogida en el proyecto de reforma de la Ley de Puertos, mantiene en alerta al empresariado de las Islas, sometido desde hace meses a una situación de incertidumbre agravada por la ampliación del periodo de enmiendas al proyecto de ley por parte del Ministerio de Fomento.

Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González Martín, pide un apoyo firme de todos los grupos parlamentarios en la defensa de una enmienda que garantice el mantenimiento de unas ayudas que de suprimirse "dejarían por los suelos la competitividad de Canarias".

En este sentido, considera que la "cumbre" Canarias-Estado, que se celebrará en las Islas el próximo 29 de junio, debe ser también el escenario en el que, además, de repasar y evaluar el plan anticrisis para el Archipiélago, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero plantee a José Luis Rodríguez Zapatero y los ministros de su Gobierno, las "nefastas consecuencias que acarrearía para la ya frágil economía de las Islas, una reforma de la ley de puertos que de la espalda a nuestras especificidades".

De hecho, la Asociación de Navieros Españoles (Anave) ha advertido que la eliminación de las bonificaciones provocaría una subida de las tasas portuarias de hasta un 400% en los tráficos interinsulares, mientras que en las conexiones entre las Islas y la Península podría llegar al 70%.

A juicio de González Martín, "la nueva Ley de Puertos no puede atentar contra los derechos históricos que Canarias ha adquirido por su condición de lejanía y ultraperificidad", al amparo de su Régimen Económico y Fiscal (REF). Por tanto, el titular de la Cámara provincial tinerfeña añade, tiene que garantizarse el mantenimiento de las actuales bonificaciones de las tasas portuarias, que pueden llegar hasta el 80%, al tratarse de un elemento fundamental e imprescindible para el desarrollo de la actividad económica en las Islas.

Insiste en que ésta es la única forma de defender los intereses de los empresarios de las Islas, ya que, precisa, "la supresión de las bonificaciones generaría un sobrecoste de tal envergadura que podría en jaque al mercado, al mismo tiempo que repercutiría directamente en los consumidores, con un alza de precios que podría tener nefastas consecuencias ante la actual coyuntura económica".

La trascendencia de la reforma de la Ley de Puertos fue analizada por la Comisión de Transportes de la Cámara de Comercio, presidida por Vicente Victoriano Martín, quien consideró que el Estado debe activar al máximo su capacidad de negociación para que la Unión Europea sea sensible con Canarias y respete sus especificidades dentro de la nueva normativa.

La Comisión de Transportes contó con la participación del director gerente de la Asociación de Empresas Estibadoras y de la Asociación Consignatarias de Buques de Santa Cruz de Tenerife, Luis Falcón, así como representantes de Sestife, Capsa, Trasmediterránea, Transteco, Naviera Armas, Naviera Petrogás, Colegio de Oficial de Agentes de Aduanas y representantes del sector del comercio del automóvil.

En su intervención, Falcón explicó que se ha elevado a la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de buques (Anesco) la defensa de las bonificaciones en los puertos canarios, tanto en el Congreso como en el Senado. Asimismo, apuntó que, como consecuencia de los cambios de ministros que ha acometido recientemente el Ejecutivo central, se ha llegado a un preacuerdo entre los parlamentarios canarios en el Congreso de los Diputados para presentar una enmienda conjunta a la mencionada normativa.

En este sentido, Falcón defendió que la estructura de la enmienda debe tener como argumento principal "la defensa de la singularidad de las Islas, dándole un trato privilegiado y en sentido positivo", con el fin de garantizar el mantenimiento de las bonificaciones.

Luis Falcón recordó que el Gobierno central ya expresó su intención de modificar las ayudas a los puertos canarios en octubre de 2007, después de que fuese denunciado tras la correspondiente diligencia que interpuso un armador griego ante la Unión Europea por lo que calificó de "competencia desleal ejercida por los puertos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla frente a otros puertos continentales europeos" como consecuencia de las bonificaciones que tenían.

Competencia desleal

Criticó que en aquella ocasión no se hubiesen justificado dichas bonificaciones con hechos constatados como la ultraperificidad de las Islas. Por el contrario, matizó, el Gobierno canario se limitó a realizar un dictamen en defensa de dichas bonificaciones, que posteriormente fue defendido por Coalición Canaria.

Falcón agregó también que la posición del Archipiélago es que los parlamentarios defiendan esas enmiendas y que las pérdidas económicas que ello conlleve para la autoridad portuaria se destinen a un fondo solidario compensatorio, teniendo en cuenta que los puertos canarios no se pueden autofinanciar como consecuencia de su fragmentación.

Por otro lado, se refirió al tratamiento que deben recibir los puertos isleños y manifestó que las autoridades portuarias canarias deben ser consideradas como una única a efectos de pago de tasas, de forma que cada vez que un barco recale en un puerto de las Islas no se vea obligado a realizar nuevos abonos.

Además, Luis Falcón resaltó que una vez que se apruebe la ley con las especificidades canarias, es necesario obtener la aceptación de Bruselas para evitar que en años sucesivos se vuelva a generar la misma discusión.

Por su parte, tanto el presidente del Colegio Oficial de Agentes de Aduanas tinerfeño, Mario Ramos, como el presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara provincial, Vicente Victoriano Martín, reclamaron el compromiso de los parlamentarios canarios con los empresarios para garantizar la conservación de las bonificaciones.