La crisis ha provocado un recorte del 40% en el volumen de negocio de los transportistas canarios. A la bajada del consumo se une "una cada vez más feroz competencia desleal, que está llevando a muchos a tener que rebajar tanto sus precios para no perder clientes que, en algunos casos, la tarifa final ni siquiera cubre sus costes", señaló ayer el presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia tinerfeña, Vicente Victoriano Martín.

Tanto Martín como la directora general de Transportes del Gobierno autónomo, Rosa Dávila, alertaron, durante la presentación de los últimos datos del Observatorio de Costes de esta actividad en las Islas, del peligro que supone para la supervivencia de las empresas del subsector caer en la tentación del abaratamiento continuo.

Dávila apuntó que el "eslabón más débil" dentro del sector servicios está precisamente en el transporte por carretera, que "ahora, más que nunca, tiene que estar unido para tener capacidad negociadora con sus clientes y nunca fijar precios por debajo de coste, porque esto sólo conseguirá llevar a esta actividad a la ruina".

La directora defendió la importancia del subsector como motor para impulsar el "cambio de ritmo que necesita la economía canaria para salir de la crisis". Argumentó que "el futuro del Archipiélago está en manos del transporte y la logística y de su modernización, capacidad cooperativa a través de clusters e introducción de las nuevas tecnologías", factores que los harán más competitivos.

Precisamente para saber exactamente cuáles son los costes reales del transporte por carretera de mercancías y personas en Canarias, desde hace un año está funcionando un simulador "on line" en la página web de la Dirección General de Transportes. Los empresarios pueden introducir en él las variables que afectan a su actividad y calcular el coste de su servicio. Se trata de una herramienta "muy eficaz para conocer el precio mínimo que se debe cobrar por cada trabajo y los márgenes de maniobra que hay a la hora de establecer la carta de tarifas", destacó Dávila.

A la presentación de estos resultados asistió también el responsable del Observatorio, Carlos Romero, que expuso las diferencias que se dan entre el transporte terrestre canario y el peninsular. Hizo hincapié en el hecho de que en las Islas los viajes son mucho más cortos y frecuentemente con menor capacidad de carga.

Romero concretó que el precio del transporte por carretera de una carga por kilómetro recorrido es un 44% más alto que en el resto del territorio nacional, mientras que en el caso del traslado de personas la brecha se sitúa en el 21%.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara transmitió a Dávila la preocupación del empresariado canario por la reforma de la Ley de Puertos del Estado, que podría acabar con las bonificaciones de los puertos isleños. Según Martín, tal supresión tendría "nefastas consecuencias para la ya frágil economía de las Islas".

Tasas portuarias

Además, puso de relieve que la Asociación de Navieros Españoles ha advertido de que la eliminación de estas bonificaciones provocaría una subida de las tasas portuarias de hasta un 400% en los tráficos interinsulares, mientras que en las conexiones entre las Islas y la Península el encarecimiento podría llegar al 70%.

Al respecto, la directora general de Transportes autonómica comentó que la nueva ley "no puede atentar contra los derechos históricos que Canarias ha adquirido por sus condicionantes de lejanía y ultraperificidad, ni hacer que las Islas renuncien a su Régimen Económico y Fiscal".

En cualquier caso, se mostró optimista por el nuevo rumbo que han tomado las relaciones entre el Archipiélago y el Estado y dijo que espera que el texto definitivo que se apruebe en el Congreso de los Diputados refleje los rasgos diferenciales del mismo.

No obstante, explicó que en estos momentos el "escenario más delicado" no está en Madrid, sino en el Tribunal de Luxemburgo, al que habrá que "convencer" de que Canarias debe mantener las bonificaciones en sus puertos "al tratarse de una región ultraperiférica con especificidades fiscales reconocidas históricamente", insistió.