"El 90% de las explotaciones ganaderas tinerfeñas son alegales, porcentaje que incluso es mayor a nivel autonómico. De las 7.000 explotaciones que hay en toda Canarias, ni un 10% están legalmente registradas. Por ejemplo, solo en el municipio de La Laguna hay más de 300 explotaciones alegales y unas 1.000 aproximadamente en toda la Isla. Los ayuntamientos tienen que pronunciarse. No se están poniendo los medios para poder legalizar las granjas". Así se manifestó ayer, en declaraciones a EL DÍA, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), Pedro Molina.
Además, Molina Ramos lamentó que nadie haga "un planeamiento urbanístico para legalizar lo que está, sino para lo nuevo; pero es necesaria una ordenanza para las explotaciones existentes. Sin tener legal una explotación, no puedes afrontar una reforma, la ampliación del negocio o llevar a cabo de manera efectiva el relevo generacional. Es una cadena. La ordenación del subsector supondría un espaldarazo a nuestra actividad".
Licencia municipal
El titular de Agate exigió a la Consejería de Agricultura que "ponga más medios para afrontar esta legalización. Nos obligan a disponer de la licencia municipal y en los ayuntamientos no nos la facilitan. Según la consejera, Pilar Merino, de las 7.000 explotaciones existentes sólo 70 personas han solicitado la legalización de sus explotaciones, y es que cuando analizas todo el documento a presentar, te das cuenta que no puedes acceder a la licencia municipal. El Gobierno sabe cuántas explotaciones ganaderas hay y donde están, pero no se hace nada, entre otras cosas, porque nadie cuenta con los consistorios".
Desde su punto de vista, los ayuntamientos "se tienen que implicar en este asunto y deben entender que en sus ordenanzas municipales, una cosa es planificar el futuro, y otra muy distinta, resolver el problema que hay con el presente. A todas las explotaciones ganaderas existentes hay que darles una cobertura".
Pedro Molina reiteró que "lo que pedimos es que las explotaciones se puedan legalizar, que se creen los fondos necesarios para poder adaptar todas las explotaciones a esas exigencias que plantea la propia Ley de Medidas Urgentes. Ordenar las explotaciones es prioritario y, además, el Gobierno de Canarias nos lo está exigiendo. Para ello hace falta que nos concedan las licencias para acometer las obras que hacen falta, que son los ayuntamientos los que dan el visto bueno y es necesario que las ordenanzas municipales en cada planeamiento prevean que las explotaciones existentes tienen unas condiciones y que hay que legalizarlas igual que se hizo con viviendas de autoconstrucción. El Gobierno autónomo nos dice que si no las legalizamos perderemos el número de registro de explotaciones, que es el no permitirnos que existamos".
Por otra parte, Molina también criticó la falta de apoyo por parte de la Ejecutivo autónomo para poder aplicar la Ley de Bienestar Animal, que entraré en vigor el 1 de enero de 2012, con todas las explotaciones ya adaptadas. "Adaptarnos a esta norma supone que hay que hacer una serie de modificaciones en las granjas, así como de reducción en el número de animales de casi todas las especies. Y estamos hablando de inversiones muy cuantiosas. Sólo comprar jaulas nuevas supone un desembolso de 22 euros por gallina. La mayoría de los países miembros de la Unión Europea se han ido adaptando a esta normativa desde hace tiempo y aprovechando los años que hubo de bonanza económica para afrontar estas inversiones".
"Para afrontar esto es necesaria una dotación presupuestaria de la que carece la Consejería autonómica de Agricultura. En cuanto a ayudas europeas, hay unas líneas regladas dentro del Plan de Desarrollo Rural (PDR), pero no existe una partida específica para poder adaptarte a la Ley de Bienestar Animal", aseveró Pedro Molina.