La Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel) se mostró ayer "contraria" a la modificación de la Ley 6/2002 de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en El Hierro, La Gomera y La Palma, que está siendo debatida en estos momentos en el Parlamento "y que pretende legalizar mediante un procedimiento singular y excepcional la casas rurales hoy ilegales".

A juicio de la patronal, se trata de un nuevo intento de "indulto generalizado" a toda la planta turística ilegal existente en La Palma, principalmente ligada al turismo rural, "problema que arranca con anterioridad a la publicación de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias (Ley 7/1995)".

La propuesta de modificación, que obedece a la transposición de la Directiva comunitaria de liberalización de los servicios al ordenamiento jurídico isleño, "deslegaliza y discrimina", pues habilita al Gobierno para establecer "un tratamiento desigual a empresarios del mismo sector, beneficiando a los que han actuado al margen de la norma y perjudicando a los que han cumplido los estándares y requisitos legalmente establecidos", indicó Ashotel en una nota.

El Parlamento autonómico acordó ayer modificar la Ley 7/1995 para adaptarla a la Directiva, conocida como Bolkestein, con las críticas del Grupo Socialista, que considera que con ello se dará un giro "radicalmente liberalizador" al sector turístico.

El PSOE presentó una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley en cuestión que fue rechazada por 16 votos a favor y 25 en contra. Ahora se abre ahora un período de presentación de enmiendas parciales, que serán debatidas en un nuevo pleno el 23 de diciembre. La norma europea entra en vigor el próximo 1 de enero.

La consejera autonómica de Turismo, Rita Martín, defendió la adaptación porque, a su juicio, ocasionará una simplificación administrativa y ayudará a crear nuevos negocios y riqueza. Ello se hará sin perjuicio de la obligatoriedad de que la actividad turística se someta a controles, aseguró la consejera.

El portavoz del Grupo Socialista, Santiago Pérez, justificó la enmienda a la totalidad, con solicitud de devolución al Gobierno del citado Proyecto de Ley, en que, a su juicio, "pretende imponer un credo neoliberal".

Se trata de una operación, señaló durante la sesión plenaria de ayer, "de gran calado, porque el Archipiélago viene de una legislación muy intervencionista en esta materia", mientras que ahora hay "una evidente radicalización del objetivo liberalizador".