UGT y CCOO convocarán manifestaciones en todas las provincias a finales de este mes en protesta por la ampliación de la edad de jubilación a 67 años, pese a que el Gobierno reiteró ayer que la reforma del sistema de pensiones será "consensuada".
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, anunció que las movilizaciones serán por "el derecho a vivir la jubilación" y para decir "no al recorte de la protección social", al tiempo que señaló que la fecha se acordará con UGT y será entre el 22 y el 26 de febrero. También lo confirmaron fuentes de esta última formación.
Toxo denunció que el Gobierno ha protagonizado una situación "esperpéntica" al tener que rectificar, el pasado miércoles, el documento dirigido a Bruselas en el que introducía la propuesta de elevar los años de cotización y manifestó que "duda" de que exista una "renuncia" del Ejecutivo a continuar por esa línea.
El dirigente sindical criticó la manera del Gobierno de conducir "un asunto de tanta envergadura como es el futuro de las pensiones", pero, sobre una futura huelga general, puntualizó que CCOO "no la ha barajado". Apuntó que "estas cosas son muy serias", pero que es un herramienta que está disponible y que serán los acontecimientos los que decidan su uso.
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, señaló que las propuestas del Gobierno son "injustas" y han provocado una "creciente preocupación" en la sociedad española y una "incertidumbre respecto al futuro del sistema público que no se corresponde con la realidad".
Méndez dijo que UGT sigue considerando que "la paz social es un bien que hay que preservar en cualquier caso", pero avisó de que ello no depende únicamente de los sindicatos, sino también de que el Gobierno "rectifique el tiro en profundidad" en cuanto a sus propuestas económicas.
En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que, pese a las advertencias sindicales sobre una protesta "visible y masiva" si se amplía en diez años el cómputo para calcular las pensiones, el Ejecutivo "seguirá apostando por el diálogo social".
Además, volvió a negar que el Ejecutivo contemple un aumento en los años de cotización, igual que la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado.
De la Vega insistió en que la reforma de las pensiones será consensuada en el Pacto de Toledo y dijo que el Consejo de Ministros "no acordó" que la propuesta incluyera el cambio en el cómputo de las pensiones. Salgado lamentó la polémica suscitada y dijo que fue un "mal ejemplo" el que señalaba el documento del Pacto de Estabilidad 2009-2013, porque indujo a la confusión.
Críticas de Canarias
En cualquier caso, el Gobierno encontró ayer respaldo en el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, quien indicó que dicha propuesta y la anunciada reducción del gasto del Estado en 50.000 millones de euros hasta 2013 son "necesarias y oportunas".
Botín, que destacó la fortaleza y solidez de España, recalcó que estas medidas "demuestran la determinación del Ejecutivo para afianzar la recuperación y lograr un crecimiento sostenible", si bien consideró que el panorama económico "será todavía difícil".
Por contra, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, subrayó que el Ejecutivo central "se está equivocando" al abordar sin consenso un asunto "tan sensible" como la reforma de las pensiones, sobre la que "se puede opinar poco", dado el "vaivén" de propuestas. De todas formas, ve "un error" que se debata al margen del Pacto de Toledo.
En la misma línea, la presidenta de Coalición Canaria, Claudina Morales, pidió al titular del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que ponga fin a su "estrategia" de anunciar "globos sonda" y convoque de forma urgente a los agentes económicos y sociales.