Diferentes expertos analizaron ayer, en la sede central de CajaCanarias, la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), una normativa de obligado cumplimiento para empresas, organizaciones públicas y privadas e instituciones que contempla sanciones de hasta 600.000 euros.
Más de un centenar de profesionales asistieron al acto, que fue organizado por la patronal provincial CEOE-Tenerife y la Escuela Superior de Estudios Técnicos de Canarias (Esetec), en colaboración con A3 Software y Consultoring Asesores.
Entre los invitados se encontraba Miguel Ángel Davara Rodríguez, catedrático de Derecho Informático y de Informática para Juristas de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, uno de los padres de la normativa y un reconocido experto en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Davara recalcó que la LOPD establece que las empresas, organizaciones y administraciones que manejen los datos de los ciudadanos deben "conceder al interesado un medio sencillo y gratuito para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición" y que las infracciones en este ámbito son sancionadas con multas de entre 601 y 601.012 euros, en virtud de su gravedad.