La entrada en vigor de la Directiva comunitaria de liberalización de los servicios, conocida como Bolkestein, cuya transposición a la normativa española culminó el pasado 28 de diciembre, generará en el país entre 150.000 y 200.000 puestos de trabajo en los primeros dos años y medio, un repunte respecto al empleo actual del 0,8%, según las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda.

Los datos, que responden a una simulación del departamento, los ofreció ayer el secretario general de Política Económica y Economía Internacional, Ángel Torres, durante la conferencia que impartió en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna (ULL). El acto se enmarca en el ciclo "Las respuestas de la política económica española frente a la crisis internacional", que organiza el Instituto Universitario de Desarrollo Regional de la ULL.

Aunque la Bolkestein, llamada así en honor de su impulsor, el ex comisario europeo de Comercio Frits Bolkestein, no es una medida anticrisis propiamente dicha, sí que tendrá consecuencias positivas para el sector servicios, apuntó Torres, que recordó que éste supone dos tercios de la actividad económica en España y atrae el 40% del consumo de las familias.

El nuevo marco regulador en la Unión Europea (UE) es "una gran oportunidad para la dinamización del sector" y "el punto de partida, no el final, de las reformas estructurales que necesita", indicó.

La Directiva, que ha supuesto el "cambio más amplio e importante sobre el stock legislativo español de la historia", según el secretario general de Política Económica, persigue asegurar la libertad de establecimiento y eliminar los obstáculos que limitan el mercado único y la competitividad de los servicios, reduciendo, con ello, trabas burocráticas "desproporcionadas".

La Bolkestein ampliará las posibilidades de negocio de las empresas europeas y su competencia, lo que moderará márgenes comerciales, reducirá precios y mejorará la productividad. Son los principales efectos "persistentes" que tendrá sobre el cuadro macroeconómico del país, afirmó.

Aparte de los datos sobre empleo, que resultan de una simulación de los primeros diez trimestres de aplicación de la norma, el responsable ministerial también señaló que en cinco años (20 trimestres) el consumo y la inversión en los servicios "se verán claramente favorecidos".

El primero se verá impulsado por la caída de los precios, de alrededor del 1% a partir del segundo año, mientras que la inversión experimentará un "significativo tirón alcista gracias a la mejora de la rentabilidad del capital por las nuevas oportunidades" que abre la liberalización.

Además, los servicios incrementarán un 1,2% su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) en cinco años, lo que podría acercar a España a los ratios del conjunto de la UE, donde el protagonismo del sector es aún mayor. También será relevante el avance de la productividad, que, a diferencia de en los Veintisiete, en España decreció durante la década inmediatamente anterior a la actual crisis.

Respecto al proceso de transposición ya culminado, el secretario general explicó que se apoyó en tres patas: la denominada Ley Paraguas, que trató de adaptar la diversidad normativa estatal y autonómica a la Directiva y, al mismo tiempo, amplificar ésta consolidando los principios de libre acceso y ejercicio de actividad; la Ley Ómnibus, que se ocupó de leyes sectoriales también afectadas por el proceso liberalizador comunitario, y la reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que atañe sobre todo al subsector de la distribución.

El resultado inmediato, expuso, es la eliminación del régimen de autorización -aunque se mantendrá en supuestos determinados- en favor de las declaraciones de responsabilidad de los prestadores de servicios y de una inspección "a posteriori" más eficaz.

Torres argumentó que, en pro de la transparencia -otro de los puntos sobre los que incide la Directiva-, está en marcha un proceso de "evaluación mutua" para que los Estados miembros de la UE justifiquen el mantenimiento de autorizaciones y requisitos. Precisamente Canarias, en virtud de su condición ultraperiférica e insular y para defender la protección de su territorio, ha realizado una aplicación atenuada de la Bolkestein a su ordenamiento comercial.