Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y de Mallorca expresaron ayer su total oposición a la Sentencia del Tribunal Europeo de la Competencia, que considera ilegales las bonificaciones al transporte marítimo en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, ya que, según argumentan en un comunicado, "la supresión supondría una condena a muerte de las economías insulares, que viven uno de sus momentos económicos más preocupantes y que se autoabastecen en su práctica totalidad por la mercancía que llega a sus puertos".
Los presidentes de las Cámaras de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González Martín y Mallorca, Juan Gual, mantuvieron una reunión el pasado lunes, en la que acordaron movilizar al resto de representantes de las Cámaras insulares comunitarias con el objeto de que los eurodiputados de sus territorios convenzan al resto de los miembros del Parlamento Europeo de la necesidad de que se mantengan estas ayudas, justificadas por los condicionantes permanentes que tienen los regiones insulares.
A la reunión también acudieron el presidente de la Comisión de Transportes de la institución cameral tinerfeña, Vicente Victoriano Martín, y el director gerente de la Asociación de Empresas Estibadoras y de la de Consignatarias de Buques de Santa Cruz de Tenerife, Luis Falcón, quienes alertaron de que si no se corrige la directriz, las tasas en las comunicaciones interinsulares se encarecerían un 400%.
A su vez, añadieron que la factura que tendrá que pagar la economía canaria oscilará entre 50 y 80 millones de euros, lo que repercutiría sobre todos los fletes.