Aunque el Gobierno autónomo no ha informado de ello publicamente, los canarios que quieran optar a una vivienda protegida (VPO) deben inscribirse ya en el Registro de Demandantes. A partir del próximo 1 de mayo, la Comisión de Vivienda, que seguirá determinando a quién le corresponde acceder a las VPO, echará mano de los nuevos listados para los sorteos de los pisos de promoción pública. Y a partir del 1 de julio deberán estar obligatoriamente inscritos quienes soliciten los de promoción privada.

El registro, que está regulado por una Orden del Ejecutivo canario del pasado septiembre, se ha integrado en el Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012, después de que no contara con fondos suficientes para su puesta en marcha durante el periodo de vigencia del anterior. Finalmente, en diciembre de 2008, el Consejo de Gobierno autonómico aprobó un gasto -plurianual, hasta 2011- de cinco millones de euros para activarlo, lo que dio respuesta a una vieja demanda de los sindicatos.

Su meta principal es centralizar las solicitudes de VPO, hasta ahora recogidas por los ayuntamientos, y dotar de "más transparencia aún", según la Consejería del área, al proceso, que, por otro lado, se ha puesto en manos de una empresa externa. "Es una herramienta de planificación del Gobierno, que podrá así ver dónde existe más demanda, por ejemplo, y supone la unificación de un listado que hasta ahora era más disperso", destacaron ayer a EL DÍA fuentes del citado departamento.

A partir del mes que viene, para participar en los sorteos de los pisos habrá que figurar en el registro, que cuenta con una red de oficinas en todo el Archipiélago. En Tenerife hay dos: una en Santa Cruz y otra en La Laguna. Las solicitudes se pueden presentar en ellas, en las dependencias del Instituto Canario de la Vivienda y en los ayuntamientos, con los que se han firmado convenios.

No tendrán que inscribirse quienes ya sean adjudicatarios de una VPO de promoción pública ni las que ya estén participando en algún procedimiento de adjudicación. Para la concesión de esta tipología de pisos se mantendrán los criterios vigentes desde 2007, algunos de los cuales están siendo defendidos en este momento por el Gobierno de Canarias, ya que fueron denunciados, por "discriminatorios", por CCOO.

Para acceder a una VPO "privada", el solicitante no puede contar con ingresos que superen a 1,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), si se opta a la compra del piso (y no a su alquiler), y no ser titular de otra vivienda. El sorteo de la oferta pública -que se da si el número de solicitantes supera al de pisos- incluirá a los inscritos a la fecha del anuncio de la promoción, siempre que cumplan los requisitos del Decreto 138/2007; en la privada, regirán los establecidos en el Plan de Vivienda.

Un sistema "mas justo"

Fuentes de la Consejería que dirige Inés Rojas recordaron que en la web del Instituto Canario de la Vivienda hay un "link" para pedir cita previa en cada una de las oficinas habilitadas para gestionar el nuevo registro, que, indicaron, "ahora se empezará a publicitar". En cualquier caso, ya hay demandantes inscritos, apuntaron.

Cabe recordar que Rojas presentó en febrero pasado en el Parlamento autonómico el Registro de Demandantes de Vivienda. Dijo entonces que el sorteo de las VPO se anunciará en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) seis meses antes de que la obra esté finalizada y que, gracias al registro, las promociones se ajustarán más a la demanda, "con respuesta específica para colectivos con demandas especiales".

También se refirió a que permitirá, además de agilizar el sistema y hacerlo más justo, mejorar la planificación de las viviendas protegidas, dado que el ICV no tendrá una excesiva carga de trabajo "al no tener que baremar -como venía haciendo junto con los ayuntamientos- los inmuebles".

La intención del Ejecutivo es seguir construyendo VPO durante el periodo de vigencia del nuevo plan autonómico pese a que también se convertirán a esta clasificación pisos del mercado libre. Se trata, según Rojas, de una medida "estructural" para garantizar que la demanda futura se cubra.