Los máximos representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife consideran que nueva Ley de Puertos del Estado, que en estos momentos se debate en el Congreso de los Diputados, condena al puerto tinerfeño "a la segunda división de los puertos españoles y rompe el equilibrio regional al favorecer a las instalaciones portuarias de La Luz y de Las Palmas, configurándolas como único gran puerto de transbordo internacional del Atlántico".

El titular de la entidad cameral, Ignacio González Martín, aseveró ayer a través de un comunicado que la decisión de dejar fuera de la categoría de puerto de transbordo internacional a la capital tinerfeña es "un hecho de extrema gravedad porque no sólo impide su desarrollo y crecimiento en condiciones de igualdad, sino que, además, acentuará los costes de la doble insularidad e impedirá la posibilidad de convertirlo en plataforma logística tricontinental".

En este sentido, la Cámara pidió a los diputados canarios de todos los grupos políticos con representación en el Congreso que impidan la discriminación del puerto tinerfeño, promoviendo su inclusión en el grupo de puertos nacionales que pueden establecer bonificaciones en el tráfico marítimo internacional, entre los que se incluyen Las Palmas, Algeciras, Barcelona y Valencia, entre otros.

Según explicó, "no se trata de una mera cuestión de rivalidad entre islas, ni de fomentar el pleito insular, sino de defender y potenciar las posibilidades de desarrollo de la comunidad autónoma en su conjunto". A su juicio, "ambos puertos deberían tener la misma posibilidad de desarrollo frente a la feroz competencia internacional, ya que de esta manera el Archipiélago tendría muchísimas más posibilidades de convertirse en un centro neurálgico de negocios y de tráfico marítimo entre América, Europa y África".

La previsión de la comisión de Fomento es tener aprobada la reforma de la Ley 48/2003 este verano. Según el vicepresidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Comercio y director de la Asociación de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques de Santa Cruz de Tenerife, Luis Falcón, "si se aprueba tal y como está previsto el nuevo artículo 19 de la Ley, sólo el puerto de Las Palmas podrá hacer descuentos en sus tarifas portuarias, lo que le permitirá competir con puertos hub como Tánger-Med, Túnez, Argelia o Libia".

Por otro lado, aunque el texto actual del proyecto de ley mantiene las bonificaciones de las tasas portuarias, no crea un mecanismo que compense a las autoridades portuarias insulares por la merma de ingresos que éstas suponen, "una situación que viene a profundizar, aún más, en la perdida de competitividad de la instalación portuaria, que apenas tendrá margen de maniobra para afrontar proyectos de mejora en sus infraestructuras o prestación de servicios", aseveró.

Para evitar que esto suceda, tanto la Cámara de Comercio como los distintos agentes económicos y sociales de la comunidad portuaria de Tenerife han presentado al Gobierno central y a los Grupos Parlamentarios distintas fórmulas. Una de ellas es que Europa compense la pérdida de ingresos a través de los fondos de las Regiones Ultraperiféricas y otra, que el Fondo Interportuario de Compensación sea el encargado de limar este desequilibrio, algo que ya ha sido rechazado por el resto del sistema portuario español alegando que cada autoridad portuaria debe asumir su propia financiación.

La tercera vía es que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemple una partida específica que garantice el pleno mantenimiento financiero de las autoridades portuarias canarias.

En el caso de que no se aceptara ninguna de ellas, "las autoridades portuarias y, especialmente, la de Santa Cruz de Tenerife perderán su capacidad inversora y retrasarán la puesta en marcha de infraestructuras vitales para la competitividad no sólo de los puertos, sino de la economía insular en su conjunto", subrayó Falcón.