Los tres sindicatos de la Función Pública, CCOO, UGT y CSI-CSIF, acordaron ayer retrasar al 8 de junio la huelga del sector público prevista para el 2 del próximo mes para que el Gobierno explique con detalle a qué colectivos concretos afectará el recorte salarial y también los plazos legales. Y avanzaron que habrá más movilizaciones si el Gobierno no reflexiona y rectifica en esta medida, que calificaron de "injusta" e "innecesaria".
Los responsables de los servicios públicos y de la ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, de UGT, Rafael Espartero, y del sindicato de funcionarios CSI-CSIF, Miguel Borra, mostraron su firmeza en mantener las movilizaciones del día 20 por la tarde, para que los empleados públicos puedan acudir con mayor facilidad y las convocatorias reciban más apoyo. El sindicato de policía ya se ha unido a esta manifestación a la que también están llamadas organizaciones sectoriales, como la sanidad o la enseñanza.
La factura de la crisis
Fossoul dijo que el Gobierno les ha convocado a la Mesa General de la Función Pública el próximo jueves por la mañana, para explicarles las medidas del Real Decreto que afectan al sector público, que previsiblemente será aprobado ese mismo día en el Consejo de Ministros.
"El mensaje es claro. No podemos ser los más débiles los que paguemos la factura de la crisis", dijo el secretario nacional de Formación de CSI-CSIF, al tiempo que Rafael Espartero sentenció que "rectificar es de sabios y no es posible que antes de ayer pudiéramos sobrevivir y ayer ya no".
Por su parte, Fossoul calificó de "ridículo" que el Ejecutivo no contemple un recorte salarial para las empresas estatales que mantengan convenios de negociación colectiva, ya que dijo que todos los ayuntamientos, comunidades autónomas y hasta la Administración General del Estado tienen convenio. "El Acuerdo para la Función Pública firmado con la vicepresidenta primera del Gobierno también es un convenio colectivo", apostilló para asegurar que el Ejecutivo ha "vulnerado el derecho a la negociación colectiva".