La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife considera inaceptable la demora que se produce en el diseño de la ordenación urbanística en Canarias y precisa que desde la aprobación de la Ley de Directrices hace 7 años, sólo 14 de los 88 municipios de las islas han logrado aprobar su planeamiento.

Así se lo trasladó el director de la Cámara de Comercio, Vicente Dorta, al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en un encuentro de trabajo en el que también participó la Federación Provincial de la Construcción (Fepeco),

Dorta, según señala una nota de la Cámara, señaló que la tardanza en la elaboración de los planeamientos está produciendo un gran malestar entre los empresarios mientras que el vicepresidente de la Comisión de Construcción de la Cámara, Jorge Alexis Marichal, advirtió de la inseguridad jurídica que origina esta situación.

Marichal señaló que en momentos de crisis es preciso eliminar la incertidumbre y conocer cuándo, cómo y dónde se van a plantear las oportunidades y alternativas de desarrollo en materia de vivienda, infraestructuras y servicios.

Denunció el representante de la Cámara la situación a la que están sometidos los constructores y promotores de las islas por la falta de "empuje y valentía de la clase política" y señaló que a pesar de los 20 millones de euros que se han destinado a agilizar el planeamiento urbanístico, el avance es nulo.

En la reunión, Marichal advirtió, según la nota de la Cámara, que los empresarios están "con la soga al cuello y nadie hace nada" y subrayó que "si el urbanismo sigue paralizado, el paro seguirá en Canarias campando a sus anchas".

El consejero, agrega la nota, aseguró que uno de los objetivos del Gobierno es que antes de las próximas elecciones se de luz verde al 90 por ciento de los planes generales de ordenación del Archipiélago.

Para ello, agregó el consejero, el Ejecutivo está dispuesto a asumir las competencias de los ayuntamientos en aquellos casos donde la parálisis del planeamiento local no tuviera justificación.

El consejero aludió a las medidas que se han tomado para la simplificación administrativa.

Los representantes empresariales agregaron que estas medidas son insuficientes ya que la mayoría de los PGO siguen sin aprobarse y hay multitud de proyectos paralizados "cuya puesta en marcha supondría no sólo la salvación de muchas empresas, sino la de numerosos puestos de trabajo que, ahora mismo, se están destruyendo".