El Gobierno de Canarias apuesta por establecer un régimen pesquero diferenciado en la Unión Europea que permita proteger las flotas costeras artesanales, como recogen las aportaciones que se han efectuado al Libro Verde de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC). Así lo indicó ayer la consejera autonómica del área, Pilar Merino, que compareció ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Parlamento de Canarias.
Según remarcó, existe un marco de consenso general en la Unión Europea respecto a la importancia de estas flotas para la pesca comunitaria, ya que están vinculadas con las comunidades locales en las que radican, usan artes selectivas y respetuosas con el medio marino y consumen menos combustible, entre otras ventajas. Es preciso en este caso que se financie la modernización del sector, su formación continua y certificación de calidad.
Ésta y otras aportaciones de las Islas fueron planteadas tanto a la actual comisaria europea de Asuntos Pesqueros y Marítimos, María Damanaki, como a su antecesor, Joe Borg, quien visitó Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria en noviembre de 2009, donde pudo conocer la difícil situación en que ejerce su actividad la flota artesanal canaria, visitar diversas cofradías e instalaciones acuícolas y participar en un encuentro con el sector pesquero sobre este proceso de reforma.
La producción pesquera de Canarias en 2009 sumó un total de 24,8 millones de kilos entre pesca fresca (9 millones), congelada (7,7) y acuicultura (8), para un valor total de unos 60 millones de euros, lo que supone un leve crecimiento respecto a 2008. El sector cuenta con 882 barcos, 971 licencias profesionales y 37 empresas de acuicultura. Da empleo directo a 1.700 personas.
Una de las mayores dificultades a las que se enfrenta esta actividad reside en la disminución constante en los fondos que subvencionan su actividad. Los 60,6 millones del Fondo Europeo de la Pesca, programa comunitario de ayuda al sector de 2007-2013, es apenas un 35,3% de las cantidades que se gestionaron entre 2000 y 2006, y supone 110 millones menos. La subvención del Posei Pesca suma unos 5,8 millones anuales.
El Gobierno de Canarias reclama que se mantenga la financiación pública del sector, que se facilite su ajuste para lograr la sostenibilidad económica y social, y que se orienten mejor las ayudas, con el fin de que se prime la investigación, la mejora de la protección marina, el apoyo a las organizaciones de productores y la renovación de la flota pesquera.
Canarias solicita también que todos los productos pesqueros de terceros países que accedan al mercado comunitario procedan de pesquerías gestionadas de manera sostenible. Para ello es preciso que se promuevan iniciativas que garanticen al consumidor el respeto por el recurso pesquero, como envasados que recojan su trazabilidad y origen o certificados de excelencia pesquera.