La tramitación de la reforma laboral como proyecto de ley daría al Gobierno más tiempo y recursos para negociar con los partidos políticos, que a su vez no tendrían que apostar a una sola carta: la de convalidar o derogar definitivamente el decreto-ley que apruebe el Ejecutivo el miércoles.

Además dilataría la aprobación última de la reforma en un momento en el que los sindicatos ya han anunciado que convocarán una huelga general, aunque hasta mañana no dirán la fecha definitiva.

En cualquier caso, el decreto entrará en vigor presumiblemente al día siguiente si así lo establece su texto, y será el que valga hasta que se aprueben definitivamente las modificaciones parlamentarias, en caso de que las hubiese.

Una vez que el Consejo de Ministros apruebe pasado mañana el decreto-ley con la reforma, los partidos con representación en el Congreso están llamados la semana que viene a decidir dos cosas: su convalidación o derogación y que dicho decreto se tramite en las Cortes como proyecto de ley.

Lo primero que deben votar es si convalidan o no el decreto, y en caso de que sea aceptado se celebraría una segunda votación, si algún grupo la reclama, para que la norma se debata como proyecto de ley.

De esta forma, si los partidos quieren que la norma se debata en el Parlamento antes tienen que convalidarla.

La tramitación como proyecto de ley permitiría al Gobierno y al PSOE escuchar y negociar las demandas -formalizadas a través de enmiendas concretas- de todos los grupos políticos, que en su mayoría coinciden en la necesidad de una reforma laboral aunque difieren sobre las medidas que debe incluir.

En un proceso legislativo normal esto supondría que la aprobación parlamentaria de la reforma laboral se retrasaría hasta el próximo periodo de sesiones, que comienza en septiembre.

No obstante cabe la posibilidad de que el proyecto de ley se tramitase por el procedimiento de urgencia.

La Mesa del Congreso podría admitir, a instancias del Gobierno, dicho procedimiento, que apurando los plazos y si hay voluntad de las fuerzas políticas, podría permitir que la reforma se aprobase definitivamente antes de que acabe agosto, según fuentes parlamentarias.

Para ello, los plazos habituales se deberían reducir a la mitad y se debería facultar a la Comisión de Trabajo para que se dedicara a la reforma en el mes julio.

Además, para discutirse como proyecto de ley tendría también que pasar por el Senado.

Todo esto podría ocurrir si, como ha sugerido la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, la reforma se tramitase como proyecto de ley, algo a lo que el partido en el Gobierno, admitió, está dispuesto.

En cualquier caso, la primera de las votaciones a las que se somete al pleno del Congreso es la más importante: convalidar el decreto para que entren inmediatamente en vigor las medidas que defiende el Gobierno.

Si por el contrario, el pleno derogase el decreto y lo devolviese al Ejecutivo, se produciría otro nuevo varapalo para la economía española y para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.