Coalición Canaria (CC) ha presentado hoy un total de 16 enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral que se tramita en el Congreso, entre las que especifica que las empresas puedan alegar causas económicas para extinguir contratos por despido colectivo cuando contabilicen pérdidas superiores al 10% de los costes de personal del mismo ejercicio, incluidas las cargas sociales.
Para concurrir causas económicas, el grupo canario estima que las compañías tendrán que acreditar las pérdidas aportando el último Impuesto sobre Sociedades o, en caso de despidos de empresarios individuales, el último IRPF, según el texto de las enmiendas presentadas, a las que tuvo acceso Europa Press.
Además, la formación liderada por Ana María Oramas entiende que un despido colectivo por causas económicas se produciría con resultados totales --explotación, financieros y extraordinarios-- que se tornen negativos, "al menos", un ejercicio, o con una caída de la facturación de un mínimo del 25%.
CAÍDA DE VENTAS
En cuanto a las causas productivas de este mismo despido, el texto presentado a la Cámara Baja considera que las empresas podrán acogerse si acreditan una reducción de sus ventas del 25% durante el último ejercicio, recurriendo a los mismos impuestos declarados que en las causas económicas.
Sobre el fondo de capitalización, que podría emplear el trabajador en los casos de despido, CC propone destinar una cantidad equivalente a cuatro días por año de servicio y una dotación del 1,11% de las cotizaciones a la Seguridad Social que abonan los empresarios. Esta aportación de los empresarios, plantea la formación, se deduciría de las cuotas de las empresas por contingencias comunes, con el fin de evitar que supongan un aumento de los costes laborales.
REVISIÓN SALARIAL.
Desde el grupo encabezado por Oramas también se aboga por vincular "necesariamente" en los convenios colectivos un porcentaje de la revisión de la masa salarial a objetivos de productividad. En este sentido, la proporción entre la cifra neta de negocio y el coste salarial fijarían la productividad real.
Asimismo, plantea extender la duración de los contratos de obra o servicio más allá de los tres años que establece el decreto de reforma laboral, siempre y cuando el plazo de ejecución de la obra pública exceda ese periodo de tiempo.