La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció este martes que el Gobierno suprimirá en los próximos dos años las ayudas a la compra de viviendas protegidas con el fin de potenciar el alquiler y la rehabilitación hasta 2012 y para cumplir con el ajuste presupuestario que permita reducir el déficit público. Ante tal decisión los consejeros de vivienda de las distintas Comunidades Autónomas mostraron su descontento y preocupación ya que coinciden en que estos recortes suponen un gran retroceso en materia de derechos sociales.

"Si vamos a tener que gastar menor, hay que priorizar en qué gastamos", explicó la ministra tras reunirse con los consejeros del ramo de las CCAA en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda , en la que precisó que estudiará el recorte bilateralmente con las comunidades. En concreto, el recorte ya se aplicará este mismo año con la eliminación de la Reserva de Eficacia, que permitía a las comunidades financiar la superación de objetivos de ayudas pactados con el estado, y la compensación de pagos de los fondos transferidos a las regiones.

El presupuesto adicional de la Reserva de Eficacia representó el 20 por ciento de los alrededor de 1.400 millones de euros con los recursos que contó el departamento dirigido por Corredor durante este año, mientras que los pagos a las CCAA sin justificar alcanzan 628 millones. "Estos 628 millones el Gobierno los irá reduciendo progresivamente cada ejercicio", indicó la titular de Vivienda.

Pero el ajuste "más estricto", en palabras de la propia ministra, vendrá en 2011 y se mantendrá hasta el 2012, es decir, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación será más austero en los dos años que le restan. Así pues, el Gobierno ha decidido suprimir la ayuda directa a la entrada (AEDE) y permitir la ampliación de la hipoteca de las VPO hasta el 90 por ciento de su valor como contrapartida. Al respecto, Corredor minimizó el impacto de esta ayuda directa a la compra, al asegurar que la función de ambas medidas es la misma: reducir la necesidad de ahorro para afrontar el pago de la entrada a una VPO.

RECORTE DE SUBVENCIONES A PROMOTORES

Vivienda también ha dirigido el recorte hacia los promotores, pues rebajará, en el entorno del 40 por ciento, las subvenciones tendentes a la promoción de vivienda protegida nueva en alquiler, que se acompañará de la supresión de la ayuda a los promotores para la urbanización o adquisición de suelo. Como nueva compensación al recorte, la ministra resaltó la nueva línea ICO facilitada para la promoción de vivienda protegida en compra y por la gestión urbanizadora de SEPES.

Del mismo modo, Corredor anunció la no renovación de la subvención para las ventanillas únicas tras dos años de funcionamiento, pues el Ejecutivo considera "cumplidos" sus objetivos. Las oficinas de ayudas en las áreas de rehabilitación se mantendrán, que serán completadas con las oficinas técnicas de la Plataforma RHE.

GASTO DE MÁS DE 500 EUROS EN 2009

La titular de Vivienda no precisó cuánto dinero prevé el Gobierno ahorrar con esta reducción del gasto en la política de vivienda y se limitó a hacer referencia al desembolsó que supusieron estas ayudas durante el ejercicio pasado, que ascendió a los 507 millones de euros y quedó repartido así: ayuda directa a la entrada (306 millones), subvenciones a la promoción de VPO nueva en alquiler (149 millones), ayuda a promotores para urbanización de suelo (41 millones) y subvención para ventanillas únicas (21 millones).

Corredor puso en valor la apuesta por la rehabilitación y el alquiler, al recordar que en el primer año de ejecución del Plan Estatal logró un 255 por ciento de los objetivos en alquiler y del 114% en los de rehabilitación, con lo que restó trascendencia al impacto del ajuste, ya que la VPO de nueva construcción para compra sólo alcanzó el 66 por ciento de los objetivos convenidos. "Por tanto, el impacto del ajuste presupuestario será menor, dado que ésta es la línea menos demandada", subrayó.

Con todo, insistió en la necesidad de rebajar el déficit público al 3 por ciento en 2013, un objetivo que no dudó en cumplir, y reafirmó que, tal y como anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Vivienda contará con un 15 por ciento menos de presupuesto en el próximo año, tras el recorte de 147 millones que ya sufrió este año.

DESCONTENTO ENTRE LAS CCAA

Tras el anuncio de Corredor, los consejeros de vivienda de las Comunidades Autónomas mostraron su descontento y preocupación ."Este recorte es un atentado muy importante, se puede entender una política de austeridad, pero no en este ministerio en el cual tenemos que buscar políticas sociales", manifestó el consejero catalán, Francesc Baltasar. En la misma línea la consejera de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, denunció "muchísima" falta de transparencia en el ministerio. "Ellos toman decisiones, nos la comunican y no se dan cuenta de que los competentes en materia de vivienda somos nosotros", indicó.

Asimismo, la gran mayoría de consejeros coincidieron en la importancia social del ministerio de Vivienda y denunciaron que estas medidas afecten directamente a los ciudadanos y al "estado del bienestar", como refirió el consejero de Murcia, José Ballesta. "La vivienda es un derecho básico al mismo nivel que la educación y la sanidad y estos recortes lo afectan gravemente", añadió.

Por su parte, los consejeros manifestaron su preocupación por los conciertos en la construcción de vivienda, que se verán interrumpidos. De este modo, el consejero de La Rioja Antonino Burgos recordó que en su comunidad la política de vivienda "es complementaria de la del Estado, y si ahora la modifican nos vemos muy afectados". "Si hay que hacer recortes que se recorten otras líneas del ministerio, no los acuerdos con otras administraciones", sentenció.

FLEXIBILIDAD PARA LOS PLANES AUTONÓMICOS

Las CCAA pidieron a la ministra que los recortes sean "flexibles" y se ajusten en la medida de lo posible a los planes de vivienda autonómicos, ya que "deben adaptarse a la realidad de cada territorio porque cada comunidad tiene peculiaridades diferentes", según indicó el consejero de Aragón, Alfonso Vicente.

En este sentido se manifestó también el consejero gallego, Agustín Hernández, que ha pedido a la ministra que el recorte de adapte lo más posible para que Galicia pueda "priorizar" sus políticas de vivienda. Por su parte, la consejera madrileña pidió que "haya la suficiente flexibilidad para que cada región determine que línea de actuación va a ejecutar en su territorio".

SUPRESIÓN DE LA AYUDA DIRECTA

Una de las medidas que provocó mayor descontento es la eliminación de la ayuda a la entrada directa para la compra de pisos, que "afecta especialmente a los jóvenes", como recordó el murciano José Ballesta. Antonino Burgos también expresó que "es la ayuda más demandada en La Rioja". "Es la que afecta directamente al ciudadano e intentaremos ver cómo paliar esta situación", señaló.

El representante de Canarias, Jerónimo Fregel, mostró también su preocupación por la eliminación de esta ayuda, pero también ha destacado "un ajuste importante" en la reserva de eficacia que afecta especialmente a su comunidad. Por su parte, Alfonso Vicente lamentó también que Aragón no reciba la reserva de eficacia ya que contaba con la ayuda "para culminar los proyectos previstos".

Los ajustes presentados por el Ministerio de Vivienda supondrán una reducción de la inversión que en algunas comunidades puede alcanzar el 50 por ciento.