La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte salarial del 5% de media a los empleados públicos aprobado por el Gobierno, según la providencia de este tribunal facilitada ayer por el sindicato CCOO.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional abre así una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto Ley del pasado 20 de mayo sobre medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que incluye la rebaja de sueldo de los asalariados del sector público.
De esta forma, el tribunal admite la demanda de conflicto colectivo presentado por los sindicatos UGT, CCOO y el Satnp de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) contra el Ministerio de Economía y Hacienda, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y el Comité Intercentros de la FNMT.
La providencia, fechada el 30 de septiembre, establece que las partes tienen un plazo máximo improrrogable de diez días para presentar sus alegaciones sobre esta cuestión de inconstitucionalidad.
En concreto, la Audiencia duda de la constitucionalidad de la nueva redacción de los artículos 4, 22 y 25 de la Ley, ya que podrían afectar al "contenido esencial" del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
El documento del tribunal también plantea la cuestión de constitucionalidad sobre esta medida "por posible afectación" del derecho de igualdad, ya que en la ley se establece la reducción salarial sobre determinadas entidades del sector público y excluye al personal laboral no directivo de empresas públicas como Renfe, ADIF y Aena, que tienen convenios colectivos.
Según el abogado de CCOO Enrique Lillo, esta providencia refuerza la posición defendida por el sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y, en general, el sector público.
Además, señala que CCOO mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales iniciadas en defensa de los derechos del personal del sector que afectan a cerca de tres millones de personas.
UGT, satisfecha
Por su parte, UGT valoró la providencia de la Audiencia Nacional y afirmó que el texto apoya los argumentos presentados por este sindicato en la demanda.
Así lo aseguró a "Efe" el responsable jurídico de la Federación de Servicios de UGT, Félix Pinilla, quien señaló que cuando se presentó la denuncia ya pensaba que no prosperaría la decisión del Ejecutivo porque afectaba a convenios colectivos firmados con anterioridad al Real Decreto.