El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González Martín, pidió hoy a las administraciones públicas que reduzcan al máximo su morosidad con políticas de austeridad y eficiencia, ya que sus deudas con las empresas "son un freno a la recuperación económica y al mantenimiento del empleo".
Así lo consideró González Martín durante la inauguración de una jornada informativa sobre la aplicación práctica de la Ley contra la Morosidad en Operaciones Comerciales en Canarias, organizada junto a la consultora Garrigues, en la que comentó que "los 1.700 millones de euros que adeuda el sector público son una auténtica soga al cuello para muchas empresas canarias".
Las empresas ven "cómo la demora en los pagos es una condena al cierre", aseguró González Martín, según un comunicado de la Cámara.
Para el presidente de la Cámara de Comercio, la entrada en vigor de la Ley de Morosidad, que fija un plazo máximo de 30 días para los pagos de las administraciones públicas a las empresas, es una de las medidas más útiles y acertadas de los últimos tiempos.
Aunque considera que mientras no se pongan en marcha los instrumentos financieros necesarios para que el sector público pueda cumplir con esta exigencia, se seguirá estrangulando la capacidad de inversión de muchas empresas canarias.
Añade la Cámara que Canarias es una de las regiones con mayor índice de morosidad (6,8 por ciento) de todo el Estado y se sitúa como la quinta Comunidad Autónoma con mayor tasa de morosidad detrás de Castilla La Mancha (7,7 por ciento), Valencia, Murcia y Baleares (7,3 por ciento).
Además, los problemas financieros derivados de los impagos son la causa del 40 por ciento de las quiebras empresariales.
De hecho, la mayoría de las empresas funcionan con gran dependencia al crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su actividad en el contexto económico actual, por lo que la morosidad está siendo una de las mayores responsables del cierre de empresas.
Según explicó el socio director de Garrigues, reducir el tiempo que se tarda en cobrar una factura es uno de los principales objetivos de la reforma de la Ley de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales que entró en vigor en julio de este año.
A su juicio, el contenido de esta Ley, aplicable a las operaciones realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos, "se centra en fomentar una mayor transparencia en la determinación de los plazos de pago y el cumplimiento efectivo de los mismos mediante una serie de medidas disuasorias, tales como el devengo automático de intereses de demora".
Sin embargo, el presidente de la Cámara considera que no es fácil que las administraciones canarias cumplan con la ley a rajatabla, a pesar de que se contempla un período de adaptación que se extenderá hasta 2013, dada las importantes restricciones económicas que afectan al sector público, especialmente, a los ayuntamientos.
Por lo tanto, González Martín insistió en que la limitación de plazo de pago para las administraciones públicas debe ir acompañada de una reforma del sistema financiero y de la mejora de la financiación local "para que esta reforma no se quede en papel mojado".