La CEOE-Tenerife desconoce las propuestas concretas que el presidente del Gobierno autónomo, Paulino Rivero, trasladará hoy al comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, en el marco de las negociaciones abiertas para proceder a la actualización del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.

Así lo reconoció ayer sin rodeos, a preguntas de este periódico, el presidente de la patronal tinerfeña, José Fernando Rodríguez de Azero, que apuntó que con toda probabilidad, en línea con las últimas declaraciones públicas de Rivero, incidirán en medidas para mejorar las conexiones aéreas con el exterior del Archipiélago.

Apuntó que la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife ya ha trasladado a Rivero documentos internos en los que aconseja poner bajo el paraguas del REF a los sectores del transporte y la energía, que considera estratégicos para el desarrollo económico y social sostenido de Canarias.

Buscar el consenso

Acto seguido, lamentó que el Gobierno autónomo esté actuando como si hubiera olvidado que "no puede negociar las reformas del REF con Bruselas sin alcanzar antes un amplio consenso con el resto de partidos y con los agentes económicos y sociales".

Rodríguez de Azero lamentó ya el pasado verano, en declaraciones a EL DÍA, que después de que empresarios y sindicatos llevaran sus primeras aportaciones para la reformulación del REF a la Mesa de Trabajo sobre el futuro del mismo que se constituyó el 16 de junio de 2009, el debate se haya "parado en seco". Una decisión "absolutamente desconcertante", sobre todo si se tiene en cuenta que todas las partes implicadas en el proceso de actualización del REF estaban de acuerdo, de antemano, en que en el actual contexto de crisis internacional se impone reforzar los instrumentos de política económica, "entre los que ocupa un lugar destacado la inversión pública, a través de los presupuestos de estas administraciones".

José Fernando Rodríguez de Azero reiteró ayer que si no se subsana este "error", el conjunto de la población pagará caras las consecuencias de que el Ejecutivo autónomo no haya buscado ya el concurso del Gobierno de España y el visto bueno de la Unión Europea para concertar la "inaplazable" actualización del Régimen Económico y Fiscal.