Tras dos jornadas caóticas en las que se suspendieron 704 operaciones en Canarias, lo que dejó en tierra a 96.000 pasajeros, los aeropuertos de las Islas recuperaron la actividad en las primeras horas de la tarde de ayer, después de que entrara en vigor el estado de alarma decretado por el Gobierno central. Esta medida, inédita en la democracia española, obligó a los controladores aéreos que se ausentaron desde el viernes de sus torres a trabajar, toda vez que pasaron a estar bajo mando militar y con la amenaza de penas de prisión por desobediencia o sedición.

En todo caso, y pese a la reapertura del espacio aéreo español tras 20 horas de clausura, la normalidad no llegará hasta transcurridas 48 horas, afirmó ayer, en su última rueda de prensa, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En una comparecencia pasadas las 20:00 horas, Rubalcaba dijo que el 90% de los controladores estaba ya trabajando, por lo que los aeropuertos españoles estaban recuperando la normalidad, aunque con operaciones limitadas, lejos aún del ritmo de tráfico habitual.

En el conjunto del Archipiélago se incorporaron al trabajo 24 controladores desde primera hora de la mañana, pero minutos después Aena informó de que habían abandonado sus puestos alegando "presiones" de sus compañeros, a los que los Ejecutivos autónomo y estatal dedicaron duras críticas.

Desde la reapertura del espacio aéreo y hasta las 23:00 horas, Aena había operado 412 vuelos en toda su red de aeropuertos, con un total de 2.710 operaciones canceladas, más del 78% de los 3.420 programados para la jornada, informaron desde el gestor aeroportuario.

Tenerife Norte sumó hasta las 22:30 horas 15 operaciones, de un total de 153 programadas; el Sur, 47 de 171, y La Palma dos de 50, según los últimos datos de Aena.

El primer vuelo que despegó ayer en España salió a las 14:00 horas de Gran Canaria con destino a Luxemburgo. El primero desde Madrid-Barajas fue uno de Spanair con destino Tenerife Norte.

Rubalcaba fue contundente al decir que la situación desatada el viernes no volverá a pasar y señaló que se mantendrá el estado de alarma durante 15 días, plazo que podría ampliarse con autorización del Congreso de los Diputados, de forma que no "no va a haber problemas ni en Navidad ni después de Navidad", remarcó.

A lo largo de la mañana, tras la declaración, por primera vez en la historia de la democracia, del estado de alarma que pone a los controladores bajo jurisdicción militar, 109 controladores de 159 se incorporaron a sus puestos, y con el cambio de turno, a las 15:00 horas, se instaló la normalidad en las torres y centros de control.

Al cierre de esta edición, Aena subrayó que en los aeropuertos españoles se registraba "total normalidad" en todas las operaciones y que la plantilla de controladores estaba "al completo". De hecho, el cambio de turno que tiene lugar entre las 21:30 y las 23:00 horas se realizó sin incidentes.

Defensa, a través del Ejército del Aire, comunicó a los controladores que, tras la declaración del estado de alarma, pasan a tener condición militar y quedan sometidos a las leyes penales y disciplinarias militares.

Los propios militares informaron por escrito a los controladores civiles de que tienen su misma consideración. Si el controlador se niega a firmar el recibo de la instrucción, el mando militar puede solicitar a las Fuerzas de Seguridad del Estado que levanten atestado, y si, además, se niegan a cumplir las órdenes, se informará a la cadena de mando militar y ésta al juzgado militar correspondiente.

Al margen de esa situación, Fomento anunció que ya han sido abiertos los expedientes disciplinarios, mientras el sindicato Manos Limpias ha anunciado una querella contra los controladores por un delito de abandono del puesto de trabajo de un servicio público y estudia señalar al ministro de Fomento, José Blanco, responsable civil subsidiario.

Cuando los siete centros de control aéreo que hay en España ya estaban trabajando a pleno rendimiento, la nómina de perjudicados sumaba alrededor de 600.000. De ellos, 96.000 tenían vuelos con salida desde Canarias, según indicó el consejero autonómico de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández, en una rueda de prensa en Tenerife.

El representante del Gobierno isleño señaló que el restablecimiento de la operativa aeroportuaria se produce "de manera paulatina, pero intensa y constante". Precisó que Aena ha "flexibilizado los protocolos de vuelo para dar salida a las aeronaves". "A todas las disponibles se les facilitará la salida", añadió Hernández, que aplaudió la "agilidad" del gestor de los aeropuertos, que forma parte, junto con los cabildos y el propio Ejecutivo autónomo, de distintos "gabinetes de crisis".

También agradeció la prestación de servicios extras por parte de las compañías navieras, que permitieron que 21.000 viajeros a los que se les cancelaron los vuelos -lo hicieron durante todo el día de ayer buena parte de las compañías, entre ellas Iberia, Air Europa, Ryanair y Easyjet- interinsulares que debían tomar desde el viernes.

Zapatero, el jueves

Según dijo Hernández, los aeródromos del Archipiélago podrían "operar con normalidad en un plazo de 24 horas". Eso sí, alertó de que las inclemencias meteorológicas, con una previsión de vientos de hasta 110 kilómetros por hora en las islas occidentales, podría obligar a disminuir el ritmo de esa recuperación.

A modo de "conclusión", y erigido en portavoz de los afectados por las bajas masivas de los controladores aéreos, el consejero subrayó que esta crisis "nunca tuvo que haber pasado" y remarcó que "quien reivindica privilegios no tiene la comprensión de ningún sector de España" y engendra un "enfado generalizado". También advirtió de que se ha dañado "el crédito internacional del país".

En los aeropuertos de las Islas se escucharon expresiones como "humillación personal" para definir la actuación de los controladores, a los que se llamó "gentuza". Cientos de personas se vieron en la obligación de hacer eternas colas frente a las ventanillas de todas las compañías aéreas para solicitar información, tramitar una reclamación, cambiar el billete o pedir el reintegro de su importe.

Mientras la indignación crecía y se multiplicaba desde todos los ámbitos, los dos principales partidos políticos aprovecharon el conflicto para tirarse por enésima vez los trastos a la cabeza y enzarzarse en un duro cruce de acusaciones.

Así, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, se ofrecía a "intermediar" ante la "incapacidad del Gobierno" para resolver el conflicto, y el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Gaspar Zarrías, le acusaba enseguida de ponerse "al lado de presuntos delincuentes" en un "ejercicio de obsceno oportunismo".

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá el próximo jueves ante el pleno del Congreso para explicar el estado de alarma decretado para afrontar la huelga masiva e imprevista de controladores.

El colectivo al que ayer se dirigían la mayoría de los reproches optó, una vez en vigor el estado de alarma, por no hacer declaraciones públicas. Eso sí, horas antes, el secretario de comunicación del sindicato USCA, César Cabo, había comentado que, para su organización, había sido "muy difícil convencer a una plantilla muy castigada a lo largo del último año" de que volvieran al trabajo.