El Gobierno de Canarias y los agentes económicos del Archipiélago, que ayer cifraron en 100 millones de euros las pérdidas por el cierre del espacio aéreo, demandarán ante los tribunales a los controladores por el daño que su plante laboral ha causado a la imagen turística de las Islas.
Así lo anunció el titular del Ejecutivo, Paulino Rivero, que explicó que esta demanda complementará la que su Gobierno ya presentó el sábado ante la Fiscalía contra los controladores al entender que el abandono de sus puestos de trabajo puede constituir un delito contra la Administración pública de desobediencia y sedición.
Rivero, que se reunió con representantes de los sectores económicos afectados por el caos aéreo, no precisó la cuantía de las compensaciones que se reclamarán porque aún es preciso concretar todas las pérdidas sufridas.
No obstante, antes del encuentro, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Fernando Fraile, apuntó que esas pérdidas podrían rondar los 100 millones en las Islas. De esta cifra, atribuye dos terceras partes a lo que han dejado de percibir las empresas y el resto al daño de la imagen turística de Canarias.
Rivero manifestó que el "único culpable" de lo ocurrido en los aeropuertos españoles entre el viernes y el sábado pasados es el colectivo de controladores, aunque señaló que a su responsabilidad habrá que sumar, de forma "subsidiaria", la de Aena.
A la nueva demanda del Ejecutivo autonómico se sumarán las dos confederaciones provinciales de empresarios, las Cámaras de Comercio y las patronales hoteleras y de subsectores como el ocio, el comercio, las agencias de viajes, las aerolíneas y los vehículos de alquiler, además de organizaciones de consumidores.
Además, Rivero subrayó que el Archipiélago tendrá que hacer un esfuerzo para recuperar su "imagen atractiva" como destino turístico después del "gravísimo perjuicio" que ha causado la protesta laboral de los controladores aéreos.
El presidente indicó que a la citada demanda colectiva se podrán sumar otras que interpongan a título individual los distintos sectores afectados.
Por su parte, el titular de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Sebastián Grisaleña, manifestó el "total apoyo" del tejido productivo isleño a las medidas emprendidas por el Gobierno autónomo y su "rabia contenida ante la actividad poco ética del colectivo de privilegiados" que, a su juicio, constituyen los controladores.
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