Los sindicatos griegos siguen sin dar tregua con su campaña de movilizaciones contra el programa de austeridad del Gobierno y han convocado para el próximo día 12 paros en el transporte, que anticiparán la huelga general del día 15.
Los empleados del transporte público han convocado un paro de cinco horas en Atenas este domingo para mostrar su rechazo al proyecto del Ejecutivo de reducir el personal, los pluses y los itinerarios, con el fin de frenar las pérdidas de las empresas.
El paro afectará el acceso de los ciudadanos al comercio en Atenas, que por primera vez permanecerá abierto en domingo para beneficiar al sector.
Las protestas en el transporte se prolongarán el lunes con un nuevo paro de cinco horas.
Para el 15 de diciembre, los principales sindicatos de los funcionarios y del sector privado han llamado a una huelga general de 24 horas, que amenaza con afectar gravemente a la actividad económica y administrativa del país.
Los controladores aéreos han manifestado también su intención de participar en la huelga, lo que afectaría el tráfico aéreo.
Además, los abogados, los farmacéuticos y los contables se sumarán al paro para denunciar la decisión del Gobierno de suprimir privilegios de esta profesiones.
Los periodistas también participarán y extenderán el apagón informativo a los días 17 y 18 de diciembre, en protesta por el despido de unos 500 colegas en los últimos meses, el cierre de dos diarios y el cambio de los convenios colectivos para facilitar los despidos.
El Consejo de Ministros aprobó anoche una serie de medidas para reducir los gastos en las empresas públicas, fijando un salario máximo de 48.000 euros anuales, una reducción de sueldos de hasta el 25 por ciento y reduciendo las contrataciones a una por cada cinco jubilaciones.
Según informó hoy la prensa griega, la Comisión Europea ha elaborado un informe en el que pide a Grecia más medidas de ahorro para reducir el déficit público.
Grecia está a la espera de recibir en los próximos días el tercer tramo, de 9.000 millones de euros, del crédito trianual de 110.000 millones, concedido por el Fondo Monetario Internacional y la zona euro para salvar al país de la quiebra.