El 67% de los cierres de negocios en España durante los últimos tres años se deben a la falta de liquidez provocada por los impagos y retrasos en el cobro de facturas, según el experto en morosidad Pere J. Brachfield.
En una entrevista a Efe, Bratchfield consideró "una obscenidad empresarial" que en España se dé esta circunstancia, provocada por el hecho de que el plazo medio de pago entre empresas sea de 107 días, frente a los 57 de media de la Unión Europea (UE).
El experto en morosidad advirtió además que, según los datos de un informe de la Plataforma Multisectorial de Lucha Contra la Morosidad (PMCM), el sector público español ha pagado en 2010 a 154 días, frente a los 67 del plazo medio en la UE, y lamentó la "falta de voluntad política para resolver el problema".
Al respecto, el consultor manifestó que la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Morosidad, que obligará a partir de 2013 a las administraciones públicas y a las empresas a pagar en un plazo de 30 y 60 días, respectivamente, debe ser sólo "el primer paso" para evitar el "daño terrible" infligido a las pequeñas y medianas empresas, el 99% del tejido empresarial en España.
"Antes, las empresas podían superar los retrasos o impagos acudiendo al banco y pidiendo un crédito", explicó Brachfield, tras denunciar que la situación de pymes y firmas proveedoras, que ya venían "ejerciendo de bancos con las grandes empresas", ha empeorado debido a la restricción crediticia bancaria, lo que está "estrangulando" a los pequeños empresarios.
El también vicepresidente de la Asociación Española Profesional de Gestores de Cobro (AEPGC) acaba de publicar el libro "La nueva legislación contra la morosidad descodificada" en el que reflexiona sobre esta situación.
Para Bratchfield, la reforma de la normativa no bastará por sí sola para resolver el problema, sin un aumento de los recursos al poder judicial para obligar coercitivamente a quiénes no cumplen la ley.
El consultor empresarial recordó que la normativa europea "obliga a España a llevar a cabo campañas de concienciación", en un país donde el 55% de los empresarios desconoce la existencia de la ley aprobada en 2004, según un estudio reciente.
La reforma aprobada en junio establece novedades importantes como que el plazo máximo de 60 días no podrá ser cambiado por acuerdo contractual entre las partes, lo que "inactiva" de facto la posibilidad de que los principales actores económicos abusen de su posición dominante para prolongar deliberadamente los plazos de pago.
Aún así, Bratchfield opinó que hará falta la "sinergia positiva" de los cuatro poderes -ejecutivo, legislativo, judicial y medios de comunicación- para que la nueva normativa llegue a aplicarse de forma efectiva.