Elevar la edad legal de jubilación en España de 65 a 67 años es una buena medida pero, según la OCDE, la reforma tiene que ir más lejos ante los retos del envejecimiento, en particular aumentando también el periodo de cotización más allá de los 35 años e indexarlo todo en el futuro a la esperanza de vida.
El sistema de pensiones en España "es demasiado generoso" ya que las pensiones representan en torno al 80% del salario, un porcentaje más elevado que en los países de su entorno, explicó hoy a la prensa Andrés Fuentes, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
"Parece necesario aumentar la edad legal de jubilación", señaló Fuentes en referencia al proyecto del Gobierno de subirla dos años hasta los 67, pero en la presentación de un informe dedicado a España insistió en que entre 2030 y 2060 los gastos derivados del envejecimiento demográfico progresarán al doble que en la OCDE.
Por eso consideró que la reforma tiene que incorporar medidas de ahorro, como el fin de los incentivos para la prejubilación, pero sobre todo aumentar el periodo de cotización que da derecho a una pensión completa, que actualmente es de 35 años para establecer una relación más directa entre las cotizaciones y los derechos que de ellas se derivan.
A largo plazo, el economista se pronunció por vincular los derechos a pensión a la evolución de la esperanza de vida, en la expectativa de que esta última va a seguir aumentando.
Los autores del estudio se mostraron críticos con la reforma laboral aprobada en septiembre, porque "hay mucho margen de interpretación" judicial sobre si un despido es procedente o improcedente, y eso contribuye a la incertidumbre sobre si finalmente contribuirá a la reducción "sustancial" de las indemnizaciones para los contratos fijos, a su juicio necesaria.
Anita Wolfl, que culpó de la gran volatilidad en el empleo en España a la "dualidad" del mercado de trabajo entre contratos temporales y fijos, también se quejó de que en España "las empresas tienen pocas posibilidades de reaccionar a los choques" económicos por la escasa capacidad de adecuar los salarios al margen de la negociación colectiva.
Según el diagnóstico de Fuentes, el sistema de negociación colectiva "es muy antiguo" y "no se ha adaptado a la evolución de la economía", de forma que el hundimiento del empleo por la crisis hubiera podido evitarse en parte con una mayor reactividad de los salarios, que sólo se está constatando recientemente.
La OCDE, conocida como el "Club de los países desarrollados" constató que España es uno de los Estados miembros que ha sufrido una mayor sacudida presupuestaria a causa de la crisis, equivalente a 13 puntos de Producto Interior Bruto (PIB), y que teniendo en cuenta las expectativas de una debilidad persistente de la demanda interna en los próximos años, "buena parte" de ese deterioro "es duradero".
Fuentes cifró en 8 puntos del PIB lo que no se recuperará, señaló que el reto es "consolidar rápidamente" las finanzas públicas y afirmó que el presentado por el Ejecutivo "es un buen plan", pero también que el Gobierno debe "clarificar lo antes posible lo que hará" más adelante y no esperar a la elaboración del presupuesto de 2012.
La organización estima que hay un cierto margen de maniobra con la fiscalidad, y en particular con la ampliación del tipo máximo del IVA a productos a los que ahora se les aplica otro reducido.
Una de las razones de la gravedad de la crisis en España es el sector de la vivienda, que según los autores del informe va a amputar el PIB español en seis puntos en el periodo 2007-2011.
El grueso de ese ajuste ya se ha producido, pero el año que viene todavía hay que esperar un recorte de un punto del PIB por el sector inmobiliario, cuyos precios "podrían bajar más todavía" dado que hay un volumen "importante" de viviendas, comentó Fuentes.
El economista reconoció que en España "los bancos están fuertemente expuestos a los créditos hipotecarios", pero matizó mucho ese riesgo para el sistema financiero: los que plantean problemas son los préstamos a promotores, no a particulares, y además las provisiones establecidas para cubrirlos son suficientes.
La OCDE dedicó un capítulo de su informe a la política hídrica en España, sobre todo para criticar la falta de transparencia de los precios del agua, que considera muy bajos para los agricultores, que deberían mejorar la eficiencia de su uso ante la escasez de los recursos.
A ese respecto, Fuentes sentenció que una estrategia de trasvases "no es solución" porque "intentar usar los recursos más intensivamente" es un modelo que "se ha agotado".