Las organizaciones confederales de CCOO y UGT han pedido al Gobierno de España que abra un conflicto de competencias para paralizar la aplicación de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2011, ya que en su opinión vulnera normas estatales.

Según explicaron hoy en rueda de prensa los secretarios generales de CCOO y UGT en las islas, Juan Jesús Arteaga y Gustavo Santana, respectivamente, la iniciativa ha sido promovida directamente por los líderes estatales de ambos sindicatos, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, por entender que esos presupuestos pueden sentar un precedente que acabe por perjudicar a trabajadores de todo el país.

En concreto, una y otra organización sostienen que doce de las disposiciones adicionales de la Ley de Presupuestos de Canarias, de la 19 a la 38, vulneran competencias que son del Estado sobre las que no pueden decidir las comunidades autónomas, y que eso no se debe permitir porque esa medidas afectan a derechos fundamentales para ellas como la libertad sindical y la negociación colectiva.

Así lo relató Juan Jesús Arteaga, que recalcó que la actuación del Gobierno de Canarias debe ser contestada, además, porque "se suma a lo que se ha hecho en Madrid y en Murcia en la misma línea", al aprovechar las leyes de presupuestos autonómicas para anular indirectamente derechos sindicales o para aplicar nuevas reducciones de sueldo bajando los complementos retributivos.

Subrayó, al tiempo, que se ha recurrido a esta vía de acción porque, de acuerdo al ordenamiento jurídico español, sólo el Gobierno central tiene capacidad de actuar contra unos presupuestos autonómicos, y porque además se espera que, de aceptarse su solicitud, "y también conforme a lo que dice la ley, se suspenda cautelarmente la aplicación de estos presupuestos".

Una cuentas autonómicas que Arteaga insistió en que ponen en cuestión otras de rango estatal, como el Estatuto Básico del Empleado Público, o los derechos a la negociación colectiva, a través de "subterfugios".

Además, aseguró que desde la Comunidad Autónoma se ha pretendido obviar, "de forma interesada", las diferentes derechos y deberes que tienen los empleados laborales respecto a los funcionarios, ya que se han intentado aplicar cambios en la organización del trabajo de los primeros con normativas que sólo rigen para los segundos.

El secretario general de Comisiones Obreras en Canarias recalcó que tanto su sindicato como UGT han considerado "no sólo conveniente, sino totalmente necesario", solicitar la intervención del Gobierno español en este asunto "dadas las repercusiones que eso puede tener, que van más allá del ámbito de Canarias".

Considera que, si no se atajan actuaciones así ahora "y se establece su ilegalidad, pueden repetirse por todo el país y consolidarse así una flagrante vulneración de las leyes que amparan a los trabajadores", sentenció.