El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto-ley sobre las nuevas exigencias de capital a las entidades financieras, en el que el Gobierno les concede seis meses más, hasta marzo de 2012, para salir a Bolsa, lo que supone una cesión a la presión ejercida desde estas entidades. Otra novedad es que las entidades financieras que incumplan en el futuro los nuevos requisitos de solvencia estarán obligadas a restringir las remuneraciones de sus gestores.

El Real Decreto-ley aumenta las exigencias de capital en línea con los objetivos de Basilea III, adelantando estos requisitos. "Hemos incluido en el capital básico exactamente lo que define Basilea III para 2013", incluyendo los recursos ofrecidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), apuntó en una rueda de prensa la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

Esos requisitos de capital principal serán, como se había anunciado, del 8% con carácter general y del 10% para las entidades que superen un 20% de financiación mayorista y no hayan colocado al menos el 20% de sus títulos entre inversores. También se pedirá el 10% a las entidades que en los test de estrés demuestren tener más necesidad de capital.

Estos nuevos requerimientos entrarán en vigor el 10 de marzo de 2011, fecha en la que el Banco de España comunicará a las entidades su situación y las necesidades de capital. Las que a esa fecha no alcancen el nivel requerido por el Ejecutivo tendrán 15 días hábiles para comunicar al organismo regulador la estrategia y el calendario con los que vayan a garantizar el cumplimiento del mismo.

Esta estrategia deberá incluir la forma en la que se captarán los recursos de terceros y la salida a Bolsa de las entidades. Si la citada estrategia de la entidad también incluye la solicitud de apoyo del FROB, ésta deberá presentar también, en el plazo de un mes, un plan de recapitalización.

El conjunto de medidas puestas en marcha para garantizar el cumplimiento de las nuevas exigencias de capital deberá haberse ejecutado antes del próximo 30 de septiembre. Si alguna entidad anticipara que no podrá cumplir el plan en este plazo, deberá comunicarlo al Banco de España 20 días antes.

En el caso de que el regulador lo considere oportuno, podrá conceder un plazo adicional de, como máximo, tres meses. Si la entidad prevé alcanzar el capital mediante la salida a Bolsa, el regulador podrá concederle de plazo hasta el primer trimestre de 2012.

Las entidades que soliciten esta prórroga deberán presentar al menos un acuerdo de la junta o asamblea general sobre el proceso de negociación de valores y un calendario detallado de ejecución, y deberán haber otorgado a una o varias entidades directoras el mandato para dirigir las futuras operaciones bursátiles.

El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, agregó que los apoyos públicos que finalmente se otorguen a las entidades a través del FROB son préstamos que conllevan una rentabilidad para el Estado. "No se ha dado dinero, se ha prestado, y ahora tampoco se dará", aseveró.

Escepticismo del PP

El director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José Antonio Olavarrieta, indicó que, a pesar del "tremendo esfuerzo" que les está pidiendo el Gobierno en la exigencia de los niveles de capital, estas entidades "cerrarán filas" y "colaborarán" para aclarar "esta situación de equívoco que está afectando al sistema financiero".

Olavarrieta reconoció que el Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros no recoge todas las aspiraciones de las cajas, pero afirmó que "comprende" y "comparte" el "interés del Gobierno por conseguir una mayor transparencia hacia los mercados".

Por su parte, la Asociación Española de Banca (AEB) señaló que "sería deseable" que el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros se llevara a cabo por el Gobierno y el Banco de España en "estrecha colaboración" con las propias cajas, y aseguró que los bancos ya cumplen o "están en perfectas condiciones de cumplir" con los nuevos criterios de capital.

Asimismo, fuentes del PP indicaron que el partido no ha decidido el sentido de su voto para la convalidación parlamentaria del Real Decreto y que su equipo económico, liderado por Cristóbal Montoro, es "escéptico" sobre los resultados de la norma aprobada ayer por el Consejo de Ministros.