AENA está convencida de que la huelga anunciada hoy por los sindicatos para el próximo 21 de abril, Jueves Santo, para protestar por su privatización parcial, no llegará a materializarse, aseguraron fuentes del ente.
"Estamos empeñados en alcanzar un acuerdo", recalcaron las citadas fuentes.
Los trabajadores de AENA han convocado una huelga de 24 horas a nivel nacional coincidiendo con la primera jornada de la operación salida de las vacaciones de Semana Santa, en protesta por la privatización del 49 % anunciada por el Gobierno.
"Esto es un calentamiento para la jornada de huelga", ha dicho el portavoz del comité de empresa de AENA, Manuel Caro, que ha recomendado a los pasajeros que tengan un billete de avión para volar durante la Semana Santa "que lo cambien".
El 28 de febrero comenzó el proceso por el que el ente público se convertirá en AENA S.A., con lo que se iniciarán las subrogaciones de los trabajadores de sus aeropuertos a empresas privadas.
Desde que el proceso privatizador fue anunciado el pasado diciembre, los sindicatos han venido amenazando con movilizaciones para protestar contra la pérdida de puestos y la modificación de las garantías y condiciones que tienen sus 10.500 trabajadores, que perderán su condición de empleados públicos.
Los delegados sindicales de los comités de empresa de AENA han celebrado encierros en los aeropuertos de la red y en otros centros de trabajo de la empresa pública ante el estancamiento de las negociaciones que habían iniciado con el gestor y con el Ministerio de Fomento.
Tras conocer el laudo sobre el II Convenio Colectivo que cerró el conflicto de los controladores aéreos el pasado 28 de febrero, el presidente del ente, Juan Ignacio Lema, afirmó que seguían las negociaciones con el resto de los trabajadores de la empresa.
Explicó el acuerdo para que el V convenio de los trabajadores de AENA sea el I del nuevo grupo, aunque admitió la inquietud de los trabajadores por ver que pasará con los aeropuertos de gestión privada como Madrid y Barcelona.
Para Lema, se parte de que se mantienen las condiciones de trabajo en todos sus términos y que se garantizan los derechos de los trabajadores, aunque reconoció que "hay que fijar" cómo lo harán.