La Federación de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de la provincia tinerfeña (Femete) ha ayudado a regularizar la situación de más de 1.800 empresas y ha denunciado a 427 firmas que no querían cumplir con la normativa desde 2000, cuando se puso en marcha su Departamento de Ayuda a la Legalización (DAL).

La mayoría de los casos los concentró el subsector de talleres de reparación de vehículos. En menor proporción, se produjeron denuncias a empresas instaladoras y cerrajerías, según informó ayer Femete en un comunicado en el que hizo balance de la actuación del DAL, que cuenta con financiación de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.

Desde 2000 se han realizado 3.600 visitas a instalaciones y se han gestionado 4.806 trámites empresariales ante la Seguridad Social, Hacienda, Medio Ambiente, Industria o ayuntamientos. Entre ellos se cuentan las altas en obligaciones tributarias, la inscripción en registros de productores de residuos peligrosos, la petición de licencias de apertura o instalación y la presentación de determinados proyectos.

En su nota, Femete indicó que considera "clave" que todas las empresas regularicen su situación y, sobre todo, las de sus trabajadores, "para así ofrecer más seguridad laboral, competir lealmente y acceder a cualquier tipo de bonificación o ayuda".

Por ello, mostró su "total respaldo" al plan para la regularización y el control del empleo sumergido que aprobó el pasado 29 de abril el Consejo de Ministros.

No obstante, la patronal reclama que se refuercen "los medios eficaces de ayuda a la legalización que actualmente desempeñan federaciones empresariales como Femete, ya que suponen un buen complemento para la labor que realiza la Inspección de Trabajo". Femete justifica esta solicitud por el hecho de que en España existan "graves carencias de recursos humanos y materiales para combatir la economía sumergida".

Como ejemplo, citó que hay un inspector por cada 19.000 empleados, lejos de los 10.000 que recomienda la Organización Internacional del Trabajo.

La federación recordó que los empresarios cuentan de plazo hasta el 31 de julio para dar de alta en la Seguridad Social a los empleados que no tienen declarados y así evitar una sanción administrativa. A partir de esa fecha se incrementarán las acciones de inspección y los registros en las empresas y se endurecerán las sanciones por fraude laboral.