Dos meses después de los devastadores efectos del terremoto, Japón se enfrenta a la reconstrucción con millonarios planes presupuestarios, un posible aumento de los impuestos y una profunda revisión de su política energética.

El noroeste de Japón comienza a recuperarse lentamente del seísmo y tsunami del 11 de marzo, aunque la ingente reconstrucción que tiene por delante, calculada en 25 billones de yenes (215.000 millones de euros), supone un quebradero de cabeza para un país que suma la mayor deuda de las potencias industrializadas.

El primer paso se dio a principios este mes con la aprobación de un presupuesto extraordinario de 4 billones de yenes (34.398 millones de euros), destinado a reconstruir y reubicar pueblos enteros, así como a restaurar las infraestructuras dañadas.

El Gobierno da por hecho que esta partida no es más que el comienzo de un plan presupuestario que rondará previsiblemente 10 billones de yenes (86.000 millones de euros) y que tendrá que hacer frente también a la gran crisis nuclear creada por el accidente nuclear causado por el tsunami en la planta de Fukushima.

La consecuencia más profunda de Fukushima es la revisión, anunciada ayer por el primer ministro, Naoto Kan, de la política energética de un país que obtenía una tercera parte de su electricidad de la fisión atómica y que ahora quiere reforzar el aporte de las fuentes renovables.

Kan dijo ayer que Japón abandonará el plan presentado el año pasado para construir 14 nuevos reactores nucleares, que se iban a sumar a los 54 ya existentes en una apuesta por obtener en 2030 el 50 por ciento de su energía de ese tipo de plantas.

En la actualidad solo operan en Japón 22 de esos reactores y próximamente dejarán de funcionar otros dos de la central nuclear de Hamaoka, cuyo cierre temporal ha sido forzado por el Gobierno por razones de seguridad.

Hamaoka no se vio afectada por el seísmo del 11 de marzo al encontrarse 200 kilómetros al sur de Tokio, pero está ubicada en una zona de confluencia de placas tectónicas con un 87 por ciento de posibilidades de sufrir un gran terremoto.

El devastador tsunami ha hecho que el Gobierno opte por extremar las medidas de seguridad en la industria nuclear y por fomentar la energía eólica, solar o hidrotermal, al tiempo que se impondrán medidas de ahorro energético.

Además, para evitar engordar la deuda pública, equivalente a casi el doble del Producto Interior Bruto (PIB), el Gobierno japonés no descarta recurrir a una reforma fiscal, que podría suponer un aumento del impuesto al consumo, sociedades o de la renta.

La recuperación de las 350.000 viviendas destruidas o dañadas por el desastre natural puede durar años y necesitará movilizar una cantidad de recursos que provendrán también de la iniciativa privada.

Según los cálculos de la constructora nipona Sekisui House, la segunda mayor del país, la demanda de casas se disparará hasta el millón de viviendas anuales en todo el país, que vivirá el mayor "boom" inmobiliario de los últimos quince años.

De momento, los esfuerzos se centran en la instalación de decenas de miles de viviendas temporales en las zonas costeras arrasadas por el terremoto y por desplazar o incinerar decenas de millones de toneladas de escombros.

La crisis ha supuesto además un duro golpe para las relaciones entre la cúpula empresarial y las altas esferas de poder político en Japón, criticadas por favorecer los intereses de grandes compañías privadas como TEPCO, propietaria de la ruinosa Fukushima Daiichi.

Ahora la mayor eléctrica del país tendrá que someterse al escrutinio del Gobierno y desviar parte de sus ingresos al pago de indemnizaciones.

Tras estabilizar la central nuclear, deberá iniciar un largo proceso de desmantelamiento de cuatro de sus seis reactores que podría suponer un desembolso de unos 600.000 millones de yenes (5.160 millones de euros), cuatro veces su beneficio neto el pasado ejercicio fiscal.