El Gobierno cree que la nueva ley reguladora del juego, que el Congreso aprobará definitivamente mañana, propiciará que los ciudadanos se beneficien de una oferta de juegos "más atractiva, más segura y más ordenada".

En vísperas de la aprobación de la ley en la Cámara Alta, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha subrayado que además de beneficiar a los ciudadanos y de reforzar las medidas de protección de los consumidores, el nuevo texto legislativo servirá para dar un impulso al sector del juego.

Elena Salgado ha respondido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a una pregunta de la socialista Gloria Elena Rivero sobre la nueva ordenación del sector.

La vicepresidenta segunda ha valorado la tramitación parlamentaria del texto, que a su juicio ha sido "modélica y rápida", y ha asegurado que el texto que aprobó el Consejo de Ministros se ha enriquecido con las enmiendas de los grupos parlamentarios.

Elena Salgado ha defendido que la nueva ordenación de todas las modalidades de juego es compatible con la aplicación de medidas de protección de los participantes en juegos, y sobre todo -ha señalado- de las personas susceptibles de sufrir adicción y de los menores.

Ha subrayado en este sentido que la ley incluye "importantes" medidas de protección de esos colectivos, entre las que ha citado los nuevos registros de prohibiciones de juego o los programas de lucha contra las ludopatías.

También ha defendido el equilibrio que a su juicio se ha conseguido entre los intereses de las diferentes administraciones públicas y entre las empresas del sector.

La vicepresidenta se ha referido además a los aspectos fiscales de la nueva ley y ha destacado la incorporación de un nuevo impuesto de ámbito estatal cuya recaudación se cederá íntegro a las comunidades autónomas.

La ley del juego regula por primera vez, además de las modalidades de juego más arraigadas como el bingo o el casino, todos los nuevos tipos de apuestas que se pueden realizar a través de internet o del móvil, que carecen de un marco regulador y se encuentran en la actualidad en una situación de "alegalidad".