El pasado día 6 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley de Medidas para el Afloramiento y Control del Empleo Sumergido y Fomento de la Rehabilitación de Vivienda.
En líneas generales, el plan confronta los efectos negativos del empleo irregular, que representa una competencia desleal para las empresas que actúan en el marco de la legalidad común, así como para las posibilidades de recuperación económica y la reducción del déficit público. Además, servirá para incrementar el sistema de protección social y de garantías de los trabajadores.
Incluye medidas extraordinarias de estímulo tendentes a la regularización del trabajo no declarado, el endurecimiento de las sanciones y el impulso y la profundización del control de la Inspección de Trabajo.
El plan abre un proceso de regularización voluntaria del empleo que va desde el 7 de mayo hasta el próximo 31 de julio. Durante este proceso, las empresas que así lo decidan deberán proceder a comunicar el alta de trabajadores a la Seguridad Social.
Transcurrido el citado plazo, el decreto endurece las sanciones contra las conductas fraudulentas. Así, incumplir la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social se multará con entre 3.126 y 10.000 euros, cuando hasta ahora suponía entre 626 y 6.250; por otro lado, la sanción por compatibilizar trabajo y prestaciones por desempleo u otras consideradas incompatibles pasa de un mínimo de 6.251 euros a 10.001, con el mismo tope de 187.515 euros.
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