El anteproyecto de Ley de Contratos de Distribución, que el Consejo de Ministros comenzó a estudiar ayer determina que los fabricantes de automóviles no podrán obligar a los concesionarios a comprarles coches que no hayan solicitado, y ambas partes deberán establecer un volumen mínimo de compras sobre la base de unas "previsiones razonables" de mercado.
Según las estimaciones del Gobierno, esta normativa será aprobada definitivamente tras su trámite parlamentario antes de que termine este año.
En concreto, el texto establece "la imposibilidad de facturar productos no solicitados, no aceptados o no puestos a disposición del distribuidor". De este modo, si se produjera controversia sobre estos aspectos, se resolverá mediante mediación o arbitraje.
Las inversiones a acometer en los concesionarios serán consignadas en la información precontractual y el plazo de amortización será suficiente para amortizar las inversiones específicas. La duración de los contratos será indefinida si no se especifica lo contrario. En caso de extinción contractual, se establecerán plazos mínimos de preaviso. Además, se regula una única indemnización que comprenderá las inversiones específicas que queden sin amortizar y la clientela, si bien esta última solo con carácter excepcional. La norma establece también que las marcas no podrán prohibir a los concesionarios la venta a través de internet.
Las partes tendrán que acordar unos objetivos comerciales ajustados a las necesidades del mercado y se reconoce el poder de dirección del proveedor, es decir, no se podrá vender un concesionario sin el consentimiento de la marca. A su vez, la publicidad de los concesionarios tendrá que ser autorizada por los fabricantes.
Con esta norma, que ahora se remitirá al Consejo de Estado y al Consejo Económico y Social para que emitan los preceptivos informes, el Gobierno pretende modernizar la regulación del sector, respetando al máximo la capacidad de pacto entre las partes, pero regulando cuestiones mínimas como la imposición unilateral de condiciones, la imposición de compras mínimas o inversiones, o la ausencia de plazos en los contratos.
El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), Juan Antonio Sánchez Torres, mostró su satisfacción por la aprobación del anteproyecto de Ley dentro del plazo previsto, aunque pidió prudencia antes de conocer el contenido definitivo del texto.
Finalmente, solicitó que la tramitación parlamentaria de esta norma se realice "con la mayor agilidad posible", con el fin de delimitar "cuanto antes" los derechos y deberes de ambas partes "y establecer un tablero de juego claro que elimine las desigualdades actualmente existentes".