DE ERRÁTICA podríamos calificar la política seguida por este gobierno en cuanto a la gestión de un elemento fundamental para cualquier economía como son los combustibles. Al margen de planteamientos coyunturales llamativos, como plantear para ahorrar energía dejar de usar corbatas en verano o reducir la velocidad en las autopistas en diez kilómetros por hora, planteamientos realizados, por si no lo sabe el lector, por un ministro con cargo (¡cómo se ha devaluado esta figura política en nuestro país en los últimos años!), en líneas generales la gestión de los combustibles en nuestro país ha brillado solo por su aparente transparencia.
Al margen de los planteamientos comentados, de puro esperpento pero ejemplares en donde estamos, la gestión de la política energética, y en concreto la derivada del petróleo (y en consecuencia los combustibles), ha estado marcada en nuestro país por cierta falta de rigor, solo puesta de manifiesto hasta ahora precisamente por las autoridades de la competencia, bien respecto a la propia distribución minorista como a la situación organizativa del propio sector en su conjunto.
A principios de este año, la Comisión Nacional de la Competencia ha remitido un informe (seguimiento de otro anterior de 2009) en el que señala que se están produciendo situaciones colusorias en el sector de la distribución de combustible. Según se deduce del informe, el sistema no está permitiendo la entrada de nuevos competidores en el mercado, lo que permite a los actuales operadores reforzar su posición y, por tanto, controlar los precios de la distribución, en perjuicio, lógicamente, de los consumidores y usuarios.
La Comisión ha señalado que los consumidores españoles pagan cantidades muy superiores a las que pagan ciudadanos de países de nuestro entorno por lo mismo. Este sobrecoste deriva, según la Comisión, de la existencia de barreras estructurales y opacidad de la Compañía Logística de Hidrocarburos, entidad que gestiona la red de distribución y que está dirigida por los grandes operadores del sector. La consecuencia de esta situación es que los márgenes de las operadoras españolas son mucho mayores que las de otros operadores de países europeos. Destaca la Comisión que, en una situación de subida de precios derivados por acontecimientos como los producidos en el norte de África, los precios se disparan más para los consumidores en nuestro país que para los del resto de Europa. Para rematar, denuncia la Comisión que las operadoras actúan con premura en repercutir los precios cuando los del petróleo suben, mientras que cuando bajan se demoran en repercutir la bajada en el mercado.
Nadie se opone a que las empresas obtengan todos los beneficios posibles, pero tales beneficios, en una economía saneada y responsable, no pueden basarse jamás en el falseamiento de la competencia. Los efectos sobre el mercado de las actividades anticompetitivas en cualquier sector pueden ser catastróficos a medio plazo, lo que se ve agravado en situaciones de especial sensibilidad económica como las que está atravesando la economía española en estos momentos, con un impacto muy directo sobre aspectos determinantes como la inflación. Esta denuncia realizada por la Comisión al Gobierno de España no es nueva. Ya en 2009 había puesto sobre la mesa esta situación, sin que realmente el Gobierno del Estado hiciera nada. La liberalización que suponía la eliminación de la fijación de precios por parte del Estado tuvo efectos positivos los dos primeros años, pero a partir de principios de 2009 cambió radicalmente esta tendencia, según algunos analistas.
Aunque la asociación sectorial de los operadores petrolíferos no ha tardado en reaccionar y en criticar duramente el informe de la CNC, argumentando la falta de correlación entre precio del petróleo y carburante, el impacto de los impuestos sobre el precio final, la cotización euro-dólar, así como la existencia de motivos que han incidido de manera contundente en los precios, como los aumentos de la demanda de petróleo, lo cierto es que tales alegaciones se quedan cortas para contrarrestar el informe de la Comisión y las anécdotas que se producen en el mercado español.
Los análisis del mercado parecen demostrar que existe una clara correlación entre la cotización del precio del crudo y el precio de los combustibles. Así, una reducción de la cotización del crudo del 30%, como el sucedido en 2009, conllevó una reducción de un porcentaje equivalente en los precios de las gasolinas en los seis grandes países de la Unión Europea. ¿Qué pasó en nuestro país? El precio antes de impuestos parece que bajó igualmente, pero lo hizo muy por debajo de la media de cómo lo hicieron en el resto de los países de referencia. Los operadores han indicado que la forma de fijación de precios difiere de unos países a otros, que los datos trasladados por los diferentes países europeos no son homogéneos y que influyen las formas de distribución y las estructuras del mercado de cada país para realizar una evaluación factible.
Como se ha dicho a lo largo de este artículo y según se desprende de la CNC, si realmente la situación es la planteada, son los consumidores los que por desgracia tienen que soportar precios que no se corresponden con los que hipotéticamente tendría que reflejar el mercado, precio cuya fijación en gran parte no está condicionada por la escasez de producto como generalmente se piensa, sino con situaciones geopolíticas y financieras y, como vemos también, puede que por actividades de carácter colusorio.
Sobre este tipo de fallos de la economía se debe actuar con contundencia, pues da la impresión de que existen determinados sectores económicos en nuestro país, sobre todo aquellos principalmente dirigidos al consumo de masas y de productos de suministro, que gestionados por grandes grupos empresariales parecen moverse de manera independiente de lo que es la gestión empresarial cotidiana. Estos, cercanos al monopolio o al oligopolio declarado, hacen sentirse al consumidor como la hormiga frente al elefante, consumidores que sin una cobertura justa los conduce al ostracismo económico, ante la imposibilidad real de exigir derechos de manera individual y efectiva.
Si la situación en la Península es la apuntada, lo que puede estar sucediendo en Canarias puede ser aún peor, pues pese a la histórica situación diferenciada de este sector en las islas, supuestamente más liberado que en el resto del Estado, la situación se puede considerar aun más aguda fundamentalmente por darse en esencia la misma situación que en el resto de España, pero con el peligro añadido de que se procede a una cada vez mayor concentración del mercado en un solo gran operador en cada uno de los escalones de la distribución, incluso uno en varios, circunstancia que debería poner sobre alerta a las autoridades de la competencia respecto a nuestra comunidad.
Al mismo tiempo, estos mismos consumidores tienen que soportar de manera sistemática la elevada imposición fiscal sobre este producto hoy en día esencial, para vanagloria recaudatoria y de gasto de nuestras administraciones públicas, en lo que no se aplica una política con finalidad estratégica, sino como una herramienta de solventar problemas, para aspecto este último que debería ser objeto de otro examen particular.