El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y sus respectivos hijos, por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, según consta en un auto publicado ayer por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, que se considera competente para investigar la denuncia, dada la "entidad, gravedad y complejidad" de los hechos y el "elevado número de denunciados".

Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse, entre las que estaban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.

A petición de la Agencia Tributaria, los doce miembros de la familia Botín procedieron a regularizar su situación fiscal presentando declaraciones complementarias con las rentas de las que eran titulares "trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias" vinculadas a ellos.

Sin embargo, en la información remitida por Hacienda a Anticorrupción el 13 de mayo por la existencia de indicios de delito, la Delegación de Grandes Contribuyentes señaló que "en las actuaciones de comprobación realizadas no pudo determinarse si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces". Aunque esas comprobaciones no han concluido, Anticorrupción se ha visto obligada a presentar la denuncia contra Botín, sus cinco hijos, su hermano Jaime y sus otros cinco descendientes porque el análisis de las declaraciones correspondientes a 2005 prescribía el 30 de junio.

Un portavoz de la familia aseveró que "está al corriente de todas sus obligaciones fiscales, tras haber abonado unos 200 millones a Hacienda. En este contexto, explicó que el origen de ese patrimonio en Suiza se debe a la huida del padre del actual presidente del Banco Santander a ese país en 1936, cuando acababa de estallar la Guerra Civil española. Según esta argumentación, una vez allí abrió una cuenta a la que trasladó parte del patrimonio familiar y creó una fundación para que lo administrara, que no ha recibido aportación de los herederos desde la muerte del empresario en 1993.