La Comisión Europea (CE) adoptó hoy una nueva estrategia para mejorar el control de los fondos comunitarios y combatir los casos de fraude, que en 2009 afectaron a unos 280 millones de euros.

La iniciativa modernizará la forma de combatir el problema, a través de medidas para la prevención, detección e investigación de casos de fraude, y que cubrirán además las sanciones y la recuperación de las ayudas, indicó la CE en un comunicado.

En el área de las sanciones, a diferencia de lo que ocurre ahora, la Comisión prevé que en el futuro las multas por irregularidades y casos de fraude se hagan públicas, precisó la Comisión.

La estrategia se aplicará tanto a los ingresos como al gasto del presupuesto europeo, e incluirá las partidas que gestionan parcialmente los estados miembros.

Las nuevas normas reemplazarán las vigentes, del año 2000, que han quedado obsoletas debido a que los responsables de los fraudes, y en particular la delincuencia organizada, "se adapta rápido a las nuevas circunstancias".

La CE prevé que las medidas destinadas específicamente a prevenir y detectar los casos de fraude se pongan en marcha como muy tarde a finales de 2013, mientras que el resto se aplicaría antes de 2015.

Bruselas aplicará estrategias específicas a todos los servicios que gestionan o supervisan los fondos comunitarios.

Por ejemplo, se controlará el trabajo de los oficiales de proyectos, funcionarios financieros y de los auditores que se ocupan de ayudas como por ejemplo los fondos estructurales o los subsidios pesqueros.

"Debemos garantizar que el dinero europeo llega a los beneficiaros correspondientes y que se gasta con el objetivo pretendido", señaló el comisario europeo de Fiscalidad y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta.

El comisario consideró que la estrategia es un "elemento clave" para mejorar la eficiencia presupuestaria.

Paralelamente a la adopción de esta estrategia, Bruselas adoptó hoy un plan para combatir el contrabando de tabaco y alcohol a través de las fronteras del este de la UE, por el que cada año las arcas comunitarias dejen de ingresar unos 10.000 millones de euros.

La iniciativa propone un conjunto de acciones para prevenir y detectar ese tráfico, que procede sobre todo de Rusia, Bielorrusia, Moldavia y Ucrania.